El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, adjudicó en primera instancia por 900.000 euros por la construcción en 2010 de una piscina municipal y cinco pistas de pádel en el emblemático municipio obrero sevillano y sobre un terreno previamente expropiado a la empresa Fitonovo, eje de la trama de corrupción desarticulada hoy por la juez Alaya, que se ha saldado con 32 detenciones en 13 provincias.
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La Información ha tenido acceso al pliego de adjudicación previa de una zona deportiva -que incluye cinco pistas de pádel y una piscina- junto al polideportivo muncipal a Fitonovo SL. El contrato, firmado por Sánchez Gordillo, fue adjudicado el 11 de octubre de 2010 y aprobado por el pleno municipal. El presupuesto superaba el millón de euros -907.187 euros más IVA- y Fitonovo se hizo con el contrato por 900.000 euros.
Sin embargo, según el Ayuntamiento de Marinaleda, meses después de la adjudicación, cuando ya debían estar terminadas las obras, Fitonovo pidió 300.000 euros más para concluir las obras, algo a lo que el consistorio de Marinaleda se negó y decidió readjudicar el contrato.
Además de la cuantía, en un municipio que se enorgullece de que sus empadronados apenas pagan impuestos, sorprende el objeto del contrato, cinco pistas de pádel y una piscina. También llama la atención el procedimiento de la licitación -negociado con publicidad- y su tramitación, urgente.
El contrato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 3 de noviembre de 2010.Dimisión con polémica
Sánchez Gordillo, en cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional, anunció hoy su dimisión como alcalde del municipio sevillano, de apenas 2.700 habitantes, que ha gobernado durante más 35 años y que ha convertido en una experiencia social utópica, símbolo de la lucha de clases.
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El mediático Sánchez Gordillo, que es además dirigente de la Candidatura de Unidad de los Trabajadores (CUT) y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), no ha dejado sin embargo su cargo como diputado de Izquierda Unida, una opción que le permite seguir cobrando un sueldo público y el aforamiento, una situación jurídica que supone no poder ser juzgado por los tribunales de primera instancia.
Fuentes de Izquierda Unida han informado que Sánchez Gordillo presentó hoy el escrito de renuncia a la alcaldía, después de que ayer se reuniera con su equipo más próximo para debatir sobre la decisión que adoptaría.
Sánchez Gordillo era el único de los siete parlamentarios afectados por el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley Electoral de Andalucía que aún no había comunicado -ni tampoco había desvelado- si renunciaría al cargo de alcalde o al escaño.
El diputado andaluz seguirá vinculado al Ayuntamiento de su localidad como concejal, y Esperanza Saavedra, actual teniente de alcalde, se perfila como una "de las favoritas" para sustituirlo al frente de la Alcaldía, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Candidatura Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Según explica el propio Sánchez Gordillo en el escrito que ha remitido a la Cámara andaluza, renuncia a la Alcaldía de Marinaleda "por imperativo legal" pero "manteniendo su cargo de concejal".
"En el momento actual, puedo servir mejor a los intereses del pueblo de Marinaleda y del Pueblo Andaluz desde el cargo de parlamentario andaluz, manteniendo, como no puede ser de otra forma, mi vinculación y lucha por Marinaleda no sólo desde el puesto de parlamentario sino también como concejal al Ayuntamiento al que he servido toda mi vida", esgrime en esta comunicación.
El también líder nacional de la CUT, aprovecha el texto remitido al Parlamento para quejarse de la reforma de la Ley Electoral andaluza que establece la incompatibilidad legal entre los cargos de alcalde y diputado y que, a su juicio, ha desempeñado sin problemas hasta la fecha.
Así, recalca que "ambos cargos son de hecho perfectamente compatibles" y que, en las dos legislaturas que los ha compatibilizado, ha estado "tanto al servicio del pueblo de Marinaleda como al del pueblo andaluz, sirviendo con honradez y como mejor he sabido a ambos puestos".
Sánchez Gordillo accedió a la Alcaldía de este municipio sevillano en 1979, año en el que se celebraron las primeras eleccione municipales democráticas en España. Desde 2008 es diputado por Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, cargo que también ostentó entre 1994 y 2000.Mayor protección en el Parlamento
Desde que se conoció el fallo del Tribunal Constitucional que avala la reforma de la Ley Electoral andaluza y esta incompatibilidad de cargos, tanto la CUT como destacados dirigentes de IULV-CA entre los que se encuentra su ex coordinador general y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, han coincidido en destacar que el discurso de Sánchez Gordillo tendría "mayor proyección y visibilidad" quedándose en el Parlamento que en la Alcaldía de Marinaleda.
Por su parte, desde IULV-CA siempre han defendido que se trataba de una "decisión personal" y que, fuera la que fuera, la apoyarían porque eso no supondría ningún "descrédito" para la federación de izquierdas, en palabras de su portavoz parlamentario, José Antonio Castro. El coordinador general, Antonio Maíllo, llegó a decir, sin embargo, que tenía la "sensación" de que optaría por la Alcaldía, algo que finalmente no se ha producido.
Sánchez Gordillo ha apurado el plazo establecido por la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento para anunciar su decisión --la fecha límite era este miércoles 12 de noviembre-- y no ha hecho público ni formalizado su renuncia a la alcaldía hasta este mismo martes, día elegido también por Esperanza Oña para oficializar su renuncia a la Alcaldía de Fuengirola (Málaga) después de 23 años liderando el gobierno municipal. Ella sí dijo hace días que prefería el Parlamento.
El resto de diputados-alcaldes afectados por la sentencia del TC han dejado el escaño y vuelven a sus respectivas alcaldías en Sevilla (Juan Ignacio Zoido), Córdoba (José Antonio Nieto), Huelva (Pedro Rodríguez), Valverde del Camino, en Huelva (Dolores López Gabarro), y La Mojonera, en Almería (José Cara).
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