Fernando Grande-Marlaska niega cualquier intencionalidad política en las últimas decisiones que ha tomado, como la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Según el ministro del Interior, la salida del responsable de la Guardia Civil en Madrid solo responde a un criterio de "reestructuración" y de conformación de "nuevos equipos". Por tanto, Marlaska asegura que el cese del alto cargo de la Benemérita tenga que ver con que supuestamente se negara a desvelarle datos del informe que preparaba el Cuerpo sobre la gestión que hizo el Gobierno de las manifestaciones del 8-M cuando el coronavirus ya estaba propagándose por todo el país. Lo que ha provocado una gran crisis para el Gobierno de coalición por las sospechas de que autorizó esas marchas aun conociendo de los peligros del virus. Y que se ha acentuado con la dimisión del ya exDAO, Laurentino Ceña, por su desacuerdo con el cese de Pérez de los Cobos.
"Es un cambio, una modificación dentro de los equipos de la Guardia Civil. No tiene ninguna otra razón, ninguna otra cuestión", ha incidido Marlaska, que ha calificado de "proceso normal" la salida del alto mando, cuyo nombre se hizo conocido por liderar el dispositivo de las Fuerzas de Seguridad en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El ministro también ha asegurado que "respeta" las críticas de las asociaciones de Guardia Civil o de jueces, que han cargado contra Interior por tomar esta decisión. "Es un proceso de actualización, un proceso normal de los equipos aludidos", ha reiterado ante las preguntas de los periodistas.
Marlaska ha comparecido tras 24 horas cargadas de polémica que comenzaron con su decisión de destituir a Pérez de los Cobos. Una situación que, además de haber provocado una tormenta política, con partidos como Vox o PP exigiendo la dimisión del titular de Interior, ha despertado el descontento con el ministro dentro de la Guardia Civil. El rechazo a la salida del exjefe de la Benemérita en Madrid se ha evidenciado con la dimisión de Ceña solo una semana antes de que se formalizara su jubilación. Y no es el único alto mando del Cuerpo que no está conforme con los pasos dados desde el Ministerio, como ha podido saber este diario.
La polémica jurídica también implica a Marlaska, que además es juez de profesión. Su supuesta intromisión para conocer el informe que la Guardia Civil estaba preparando sobre la gestión de las manifestaciones del 8-M que hizo la Delegación del Gobierno en Madrid es algo de lo que ya le ha advertido el juzgado. La magistrada que investiga dicha causa, Carmen Rodríguez Medel, remitió esta semana un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a los agentes de "guardar rigurosa reserva" sobre las pesquisas encomendadas. Además, avisó de la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
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