Fernando Grande-Marlaska deja atrás probablemente su semana más complicada como ministro del Interior. Las acusaciones acerca de que intentó acceder al informe de la Guardia Civil en la causa del 8-M junto con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos ha provocado un auténtico terremoto dentro de su departamento que se evidenció con la dimisión en cascada de parte de la cúpula de la Guardia Civil. Aunque Marlaska apeló a sus tres décadas como juez para insistir en que no ha habido injerencias en la causa penal, el enfado mayúsculo ha llevado a muchos a recordarle sus años de magistrado instructor en la Audiencia Nacional en los que persiguió con firmeza chivatazos más allá del famoso 'caso Faisán'.
Corría finales de 2009 cuando Marlaska tuvo que lidiar con una filtración que casi arruina la detención de Joseba Agudo, abogado de la extinta Batasuna y ligado al entorno de ETA. A primera hora del día, RTVE adelantó el operativo de la Guardia Civil para detener al abogado aunque este hecho todavía no se había producido. El anuncio aceleró el operativo ordenado por Marlaska pero, para cuando quisieron detenerle en Guipúzcoa, éste ya había cruzado la frontera. A última hora del día la Policía francesa logró arrestarle en la localidad de Hendaya pero el asunto ya había llegado al departamento que ahora dirige Marlaska, desde donde se exigieron responsabilidades.
Tanto es así que el entonces magistrado decidió abrir una investigación separada para esclarecer qué periodistas estuvieron detrás de esta filtración. Marlaska dio un paso al frente para salvaguardar la labor de la Policía Judicial en un momento de especial complejidad para el Instituto Armado por las continuas operaciones de este calibre, como la que siguió también en esa época Baltasar Garzón contra líderes de la izquierda abertzale en el marco del bautizado como 'caso Bateragune'. El asunto, en el caso del operativo a Joseba Agudo, llegó al punto de que se pidieron los nombres de periodistas que estarían detrás de esta filtración, aunque finalmente, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, el asunto no pasó a mayores.
¿Purga encubierta?
Once años después las tornas han cambiado mucho para Marlaska. Esta misma semana era él el que tenía que afrontar un chaparrón de críticas en comparecencias de prensa y el Congreso de Diputados por haberse intentando inmiscuir presuntamente en la causa penal del 8-M. La polémica estalló el mismo lunes tras conocerse que altos mandos de la Guardia Civil -incluida su directora María Gámez- llamaron a Pérez de los Cobos para interesarse por las diligencias encargadas a subordinados suyos de la Comandancia de Madrid. Éste se negó a dar información del atestado que no dejaba en buen lugar a la Delegación del Gobierno de Madrid. Unos hechos que vinieron seguidos de un polémico cese que Marlaska enmarcó en una "remodelación" de la Guardia Civil.
Su comparecencia en rueda de prensa el martes para calmar las aguas no evitó la dimisión en cascada del ya exDAO Laurentino Ceña, y su 'número tres', Fernando Santafé, en lo que muchos han considerado una purga encubierta dentro del cuerpo militar. El polvorín desatado llevó incluso a la magistrada al frente del caso del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, a dejar claro en un oficio remitido a Interior que la Policía Judicial solo debe rendir cuentas en un procedimiento penal a los que integran el mismo y nadie más. Mucho se ha hablado esta semana del artículo 126 de la Constitución que estipula esto que Rodríguez-Medel recordó a la clase política para evitar injerencias en el procedimiento penal que dirige.
De hecho, lo ocurrido el domingo por la tarde con Pérez de los Cobos llevó a Vox a impulsar las primeras querellas contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación. ¿Podrían estas acciones penales alcanzar al responsable de Interior? De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio es un hecho poco factible y solo ocurriría si se demostrara que el ministro coaccionó a De los Cobos para hacerse con el informe policial. En ese caso se podría actuar contra él como inductor de amenazas y descubrimiento de secretos, pero los juristas son claros y piden distinguir la responsabilidad penal de la política.
El papel de la Abogacía
El fuego desatado en Interior a comienzos de semana coincidió con el impulso que dio la magistrada de este procedimiento penal al citar a Franco tras su imputación por prevaricación. La instructora que estuvo al frente de otros asuntos no menos mediáticos -como el 'caso Máster'- solicitó además abundante documentación al Ministerio de Sanidad para esclarecer si verdaderamente informó a la Delegación del Gobierno de los riesgos en los que incurría autorizando las marchas de los primeros días de marzo. El requerimiento se produjo días después de incorporar las primeras conclusiones del atestado que ha sembrado la polémica y que todavía sigue abierto puesto que las diligencias no se han cerrado.
El informe asestó un duro golpe no solo al órgano que dirige Franco sino también al Gobierno regional al apuntar que se celebraron e incluso impulsaron unos actos como el 8-M mientras que otros se prohibieron alegando riesgo de contagio de coronavirus. La tesis de la magistrada, que ha rechazado de plano imputar en este procedimiento a Fernando Simón, choca con la mantenida con la Abogacía del Estado, la cual no ve delito en estos hechos. Los servicios jurídicos del Gobierno están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso contra el auto por el que se incoaban diligencias.
El escrito, firmado por la Abogada del Estado Rosa María de Seoane expuso que la instructora está haciendo una "causa general" por la crisis sanitaria y se sustentaba en meras hipótesis. Además, en un nuevo recurso mantiene la línea dura contra la instructora y asegura que su intención de que el médico forense siga analizando si el 8-M supuso un riesgo para la salud de las personas "se revela completamente inútil, innecesaria e impertinente". Argumenta que, como ya no se investiga a Franco por delito de lesiones (solo por prevaricación), carece de sentido requerirle que amplíe el peritaje.
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