Marlaska rechaza interrogar a un ex cargo de la agencia de la OTAN que contrató el Yak

Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado tomar declaración como testigo a Paul Mettenhoven, ex jefe de ventas de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista del vuelo del Yak 42 siniestrado el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y en el que murieron 62 militares españoles.

En un auto notificado hoy, el magistrado coincide con la Fiscalía en asegurar que la petición que familiares de las víctimas enviaron el pasado 19 de abril para practicar estas nuevas diligencias y citar de nuevo al ex alto cargo de NAMSA -la empresa de la OTAN mediante la que Defensa realizaba las contrataciones de las aeronaves- "se refieren a hechos que ya acreditados en las actuaciones y no han sido negadas por los imputados".

Marlaska estima así que "el derecho de defensa, así como su corolario de valerse de los medios de prueba precisos no deviene en derecho de carácter absoluto, exigiéndose su relevancia en extremos de pertinencia o aptitud manifiesta para conformar un juicio jurídico en términos de seriedad".

Según ha afirmado la acusación, al Juzgado de Marlaska aún no ha llegado la comisión rogatoria que envió a Luxemburgo para citar a Mettenhoven, quien fue además quien "firmó el contrato con el EMACON", el Estado Mayor Conjunto, de ahí que volvieran a reclamar su declaración.

También señala que el magistrado envió 15 comisiones rogatorias a otros tantos países, de los cuales sólo han llegado Estados Unidos, Kuwait, Líbano y Noruega, mientras que están pendientes Canadá, Ucrania, Bélgica, Alemania, Irlanda, Turquía, Djibouti, Turkemenistán, Afganistán Y Kirguizistán.

El magistrado, que investiga si hubo irregularidades en la contratación del avión siniestrado, llamó a declarar el pasado 3 de febrero al directivo de la empresa contratista del Yak 42 Chapman Freeborn Russi Batliwala, aunque no pudo producirse por problemas en la citación.

La investigación penal sobre el accidente del Yak-42 se dividió en dos causas: una en la que se trata de averiguar si se cometieron irregularidades en la contratación del avión y otra en la que se depuraron las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los militares españoles fallecidos en el siniestro.

En esta última, la Audiencia Nacional condenó el pasado 19 de mayo a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez.