Los tentáculos de la macrocausa Gürtel han alcanzado hasta la operación de recalificación de los terrenos del estadio Vicente Calderón hace ahora cerca de diez años. El magistrado que investiga las actividades de la red, José de la Mata, ha apuntado que el expresidente del Real Madrid Fernando Martín percibió en nombre de su constructora Martinsa 4 millones de euros que no declaró a Hacienda y que provendrían de la venta de acciones del consorcio RTM. Esta sociedad estaba participada por Martinsa y ligada a la operación urbanística del Mahou-Calderon.
El magistrado vincula de esta forma las actividades de la red en Arganda del Rey, donde Martinsa y otras constructoras pagaron una mordida de 25 millones de euros a Francisco Correa por adjudicarse la construcción de unas parcelas en dicho municipio, con el presunto cobro en 'b' de estos 4 millones de euros. El pago en cuestión lo efectuó el empresario Manuel Salinas y supuso un ahorro fiscal de 1,4 millones de euros para el constructor por el concepto de Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2006, de acuerdo con la tesis del magistrado.
Así consta en el denso auto del juez De la Mata mediante el cual abre juicio oral contra un total de 21 personas investigadas en esta pieza separada. El juez relata una serie de presuntos amaños que habrían tenido lugar entre los años 1998 y 2009 de cara a adjudicarse determinadas licitaciones públicas, entre ellas, unas parcelas dedicadas a la construcción de viviendas. Es por irregularidades en esta licitación concreta por lo que el juez sienta en el banquillo al constructor Fernando Martín, para quien acuerda además una de las fianzas más elevadas en la pieza junto con la de Francisco Correa y Pablo Crespo, y cuyo importe roza los 80 millones de euros.
Los amaños en la licitación
Las parcelas por las cuáles los principales investigados de esta red llegaron a pagar una comisión de 25 millones de euros al entorno de Correa pertenecían en su mayor parte al Ayuntamiento, regido entonces por el también investigado Ginés López. El modo de proceder entre ellos fue el siguiente: con el fin de adjudicar estas parcelas a Martinsa, se tramitó desde el consistorio el expediente de contratación de forma que la operación apareciera como de dudosa rentabilidad para el resto de licitadores. No obstante, una vez adjudicado el suelo modificaron las condiciones de venta de forma que saliera ganando la constructora de Martín.
Para ello lo primero que hizo el consistorio fue formalizar la venta de este suelo con la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, de la cual era consejero delegado el exdiputado regional del PP Benjamín Martín Vasco. Tras la elaboración de los pertinentes informes se redactó el expediente de enajenación de las parcelas el cual recogía los requisitos de la licitación; esto es: que se debía formalizar un pago en metálico (y de una sola vez) de 77,2 millones de euros y que el máximo de viviendas a construir sería de 450. Como no podía ser de otro modo, la Mesa de Contratación aprobó por unanimidad que esta adjudicación fuera a parar a Martinsa, quedando fuera de concurso las otras dos competidoras.
Sin embargo, una vez formalizado el proceso, se procedió tal cual lo acordado, a promover una serie de modificaciones en claro favor de la constructora adjudicataria. De este modo, sacaron adelante una serie de planes parciales aprobados en connivencia con otros funcionarios de la localidad madrileña y que dieron luz verde a que el límite de viviendas construidas ascendiera a 2.731, lo que supuso un incremento del 72,8%. Igualmente consiguieron aumentar el suelo urbanizable en más de 13.000 metros cuadrados.
El pago de la mordida
En contrapartida, los empresarios Fernando Martín junto con Armando Mayo y Manuel Salinas efectuaron unos pagos a Correa de 25 millones de euros entre los años 2004 y 2006. De acuerdo con el relato del juez, se realizaron dos transferencias por importe de 12 y 12,8 millones de euros a cuentas que Correa tenía en Mónaco y Suiza. Igualmente se formalizó un tercer pago de 130.000 euros transferidos directamente al también acusado y empleado del Grupo Correa, Ramón Blanco Balín. Para las operaciones se emplearon diversas empresas pantallas con el fin de no dejar rastro del movimiento del dinero.
El magistrado no pasa por alto que Fernando Martín comunicó en 2006 a su banco británico que iba a realizar "una importante inversión inmobiliaria" que describió como la compra de los antiguos terrenos de juego del Atlético de Madrid. Sin embargo, el entonces presidente del equipo rival ya había realizado dicha inversión dos años antes a través de la sociedad RTM. Esa comunicación a su banco vino seguida de una transferencia de 4 millones de euros que hizo Salinas en su cuenta bancaria alegando que se debía a compra de acciones de RTM. Pero en realidad se trató de un importe no contabilizado por la empresa, lo que lleva al juez a concluir que el mismo guarda estrecha relación con los pagos que se efectuaron justo en ese momento al entramado empresarial de Correa a cambio de la adjudicación ilegal de Arganda.
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