Lunes, 21.01.2019 - 15:39 h
200 medios han presentado una queja

Diario de Mallorca prepara una querella criminal por los registros en su sede

La investigación del caso Cursach hizo que la Policía se desplazar hasta la agencia Europa Press y el Diario de Mallorca para realizar registros.

Fachada de la Audiencia Provincial de Baleares
Diversos medios sufrieron registros este martes / EP

Los servicios jurídicos de Diario de Mallorca preparan una querella criminal por la incautación ayer del teléfono móvil de uno de sus redactores en el marco de la investigación del caso Cursach, una actuación que el periódico califica en su editorial de hoy de "coacción intolerable". La dirección del diario ha confirmado a Efe que los juristas de Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, están estudiando todos los aspectos de la intervención ordenada por el juez Miguel Florit, que además de la requisa del teléfono del periodista Kiko Mestre instaba a la entrega de sus ordenadores o cualquier otro soporte electrónico.

El periódico, que se negó a entregar esos equipos, considera que la actuación judicial apoyada por la Fiscalía Anticorrupción vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, y por ello ejercerá acciones legales contra los responsables. La subdirectora Marisa Goñi ha resaltado que desde la tarde de ayer han recibido cientos de llamadas en su centralita, desde la isla, el resto de Baleares y la península, de personas que han expresado su apoyo a Diario de Mallorca y su rechazo a la intervención policial.

En su editorial de hoy, el rotativo señala que la orden judicial no tiene precedentes y recuerda que se llevó a cabo "a instancias de dos imputados en una macrocausa de corrupción que afecta a empresarios poderosos, policías, funcionarios y políticos". El diario considera "gravísimas" las consecuencias inmediatas de la actuación contra su redactor, que son "la identificación de las fuentes de información y la coacción a su trabajo periodístico", cuyo objetivo final es "impedir que se publique información sobre el caso". La dirección en Baleares del otro medio afectado por la operación, Europa Press, ha indicado que los servicios jurídicos de la agencia estudian su respuesta.

Presentan una queja a la Fiscal General del Estado

Por su parte, más de 200 periodistas de diferentes medios de comunicación han entregado este miércoles a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados ayer en Diario de Mallorca y Europa Press y el Diario de Mallorca.

Aprovechando que Segarra asistía a las 9.30 horas a un acto con motivo del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dos periodistas le han hecho entrega de la carta, firmada por más de 200 profesionales de medios de comunicación en la que se muestran "sumamente alarmados" por las entradas y registros, que conllevaron la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas baleares.

"Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", explica el comunicado de los periodistas.

Las entradas y registros se hicieron por orden del juez que instruye el caso Cursach con el informe favorable de la Fiscalía, de ahí que los periodistas hayan hecho entrega a Segarra de su carta. "Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción", denuncian.

En su opinión, "la actuación respaldada por la Fiscalía" de la que Segarra es responsable "sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas, que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte". 

"Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general, que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información, se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20", afirman los periodistas. Por todo ello, los más de 200 profesionales que han refrendado esta protesta piden "encarecidamente" a la fiscal general que "reflexione sobre esta crítica situación", al tiempo que le trasladan su confianza en que "se esté a tiempo de rectificar".

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