Los disturbios que se produjeron anoche en Madrid a raiz de la muerte de un extranjero 'sin papeles' han vuelto a poner en foco en la problemática de la inmigración ilegal en España. Si bien durante el inicio de la crisis el número de entradas irregulares descendió notablemente, la llegada de inmigrantes por vía marítima y terrestre a través de las vallas de Ceuta y Melilla, se ha disparado y solo en 2017 accedieron un total de 27.253 inmigrantes frente a los 13.871 de 2016, lo que representa un crecimiento del 96,5%, según datos del Ministerio de Interior. Además, el año pasado fueron detenidos en España más de 35.800 extranjeros por infracción de la Ley de Extranjería, de los cuales algo más de 9.200 fueron expulsados del territorio español, 2.200 de ellos previo paso por un CIE.
En este sentido, tal y como se desprende de estos datos, de las más 7.500 personas fueron encerradas un solo se expulsó al 29 por ciento, o lo que es lo mismo, dos de cada tres personas que pasan por esos centros de detención acaban siendo puestos en libertad. En cuanto a nacionalidad, el 41,8 por ciento de las expulsiones llevadas cabo por el Gobierno español fueron de ciudadanos de origen marroquí, seguidos de aquellos de origen colombiano y rumano. Curiosamente, se ha ido produciendo un descenso en el número de deportaciones. En 2011, por ejemplo, fueron expulsadas 18.422 personas en aplicación de la Ley de Extranjería, el doble que el año pasado.
Fuentes policiales recuerdan que está prohibido hacer identificaciones arbitrarias, por lo que solo se puede pedir la documentación a alguien si comete un delito o se sospecha que puede cometerlo. Cuando esto sucede, se detiene a la persona y se la conduce a una comisaria a fin de identificarla. Una vez tomadas las huellas, debe entregar una carta al arrestado que dice que han iniciado un expediente sancionador por estancia irregular. A continuación se tramitará el expediente, que puede acabar en una sanción administrativa, no penal. La sanción impuesta puede ser una multa o la expulsión. El tiempo máximo de detención en comisaría es de 72 horas. Tras ello, bien el extranjero irregular queda en libertad, bien se pide el ingreso en un CIE, donde solo se podrá permanecer 60 días.
En caso de quedar en libertad, el plazo máximo que tiene la autoridad para comunicar su decisión es de seis meses desde el momento de la detención. Pueden presentarse dos situaciones, que bien no se comunique decisión o que se dicte sanción de multa o expulsión. En el primer caso, se entiende que el proceso ha prescrito, lo que no implica que no pueda iniciarse otro si la situación irregular permanece. En el caso de deportación, se da un periodo de salida voluntaria, salvo que el procedimiento utilizado haya sido el preferente, en cuyo caso la expulsión ha de ser inmediata.
Según estas mismas fuentes, la actuación ayer de los Cuerpos de Seguridad fue en aras de devolver el orden público y se han remitido a las declaraciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que "respalde la actuación" y que "no siembre dudas" sobre la actuación de la Policía. Según ha informado CSIF en un comunicado, los agentes que atendieron al acompañante del fallecido y que tomaron declaración a los testigos señalan que el fallecimiento "no se produjo por estar huyendo de la Policía". Por ello, el sindicato ha tachado de "inadmisible" que el Ayuntamiento "siembre dudas" sobre la "profesionalidad" de los agentes de la Policía Municipal, ya que, a su juicio, "el suceso no tuvo nada que ver con una actuación policial".
Por su parte, para evitar este aumento de inmigración ilegal, la Comisión Europea ha propuesto restringir los visados a la Unión Europea a los países que no acepten de vuelta a sus nacionales en situación irregular en Europa y se nieguen a cooperar de manera suficiente para garantizar su devolución. Además, quieren aumentar en 20 euros -hasta los 80 euros- el coste de los visados al espacio Schengen para ayudar a los estados miembro a costear el refuerzo en los controles de seguridad y los sistemas informáticos. Por último, presentará una reforma del Sistema de Información de Visados para introducir controles obligatorios a los demandantes de asilo cruzando las bases de datos diferentes a nivel europeo con el objetivo de detectar "inmediatamente" a personas sospechosas de tener vínculos con el crimen organizado o que utilizan documentos fraudulentos "y bloquear su entrada".
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