El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha culminado una intensa investigación contra el exvicepresidente sirio Rifaat al Assad (tío del actual mandatario Bashar al Assad) y su familia y ha propuesto juzgarle junto con otras 13 personas por presunto blanqueo de capitales de más de 600 millones de euros. El instructor le acusa de liderar un grupo criminal cuyas órdenes eran asumidas por sus esposas, hijos y testaferros y apunta que se han dedicado desde hace treinta años a "ocultar, transformar y blanquear en distintos países europeos fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio".
En su escrito, el magistrado acuerda continuar el procedimiento contra un total de 14 personas (entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas) por los delitos de asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales. Además, relata cómo todos los implicados (entre los que se encuentran empleados del hogar) actuaron de acuerdo a un plan preconcebido que se remonta a la década de los 80. En concreto, el principal acusado de este procedimiento se marchó de Siria en 1984 y se concertó con su hermano, el entonces presidente Hafez al Assad, para "esquilmar" el Tesoro nacional, llevándose consigo alrededor de 300 millones de dólares (200 simulados en gastos de presidencia y 100 obtenidos mediante préstamo de Libia).
Sin embargo, los presuntos hechos delictivos comenzaron en la década anterior, cuando Al Assad logró amasar "ingentes recursos ilícitos" procedentes de actividades llevadas a cabo en su país natal tales como extorsiones, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas. Cabe recordar que estas no son las únicas cuentas pendientes de Al Assad con la Justicia puesto que se le abrió juicio oral en Francia por el presunto patrimonio oculto en el país y, además, está investigado en Suiza por crímenes de lesa humanidad, según informan fuentes jurídicas.
Casi 700 millones en propiedades
El magistrado explica en su auto de 142 páginas que las primeras adquisiciones de los Assad en España se sitúan en 1986 con la compra de 244 plazas de garaje. Sin embargo, el clan pasó de esta inversión a llegar a amasar hasta 507 propiedades en el país por valor de 695 millones de euros. De acuerdo con la tesis del magistrado, el dinero malversado en Siria lo fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga y más en concreto, en determinados puntos estratégicos de la Costa del Sol, zona especialmente atractiva para los jeques árabes. De hecho, en la localidad de Benahavís adquirió una finca de 33 millones de metros cuadrados bautizada como 'La Máquina'.
El exdirigente sirio se sirvió además de sociedades pantalla para ocultar todo este patrimonio y las puso a nombre de sus hijos, esposas y "hasta personal de la casa", los cuáles actuaron en calidad de testaferros. Incluso añade que para lograr sus objetivos Al Assad se valió del "apoyo determinante de legiones de asesores en todas las fases de su implementación". Precisa el magistrado que "la clave del éxito" para este presunto grupo criminal "ha sido precisamente el reparto de tareas y la perfecta coordinación entre todos los miembros de la organización".
Paraísos fiscales y sociedades en cascada
Tras analizar el papel de cada uno de los 14 acusados, De la Mata concluye que todos ellos se han servido de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada que habrían estado administradas por la familia y testaferros hasta que se produjo el bloqueo de su actividad. Los acusados, por su parte, expusieron al juez que toda esta fortuna familia procede de regalos de la familia real de Arabia Saudí porque si bien las pesquisas han determinado que eso no es así. Con todo, el patrimonio no solo se oculta aquí puesto que el juez enumera otras jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Panamá, Yersey y otros países.
El auto destaca el alto poder adquisitivo y el elevado nivel de vida de los investigados como lo demuestra la compra de propiedades de lujo fuera del alcance económico incluso de personas con alto poder adquisitivo. De hecho matiza en su auto que todos estos bienes (tales como un avión privado Boeing 727 o vehículos blindados) están "únicamente disponibles a personas multimillonarias". El magistrado da un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral con su pertinente escrito de acusación o bien el archivo de la causa.
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