Mauritania multiplica las medidas militares en el país tras el secuestro de los tres españoles

Nuakchot.- Seis meses después del secuestro de los tres cooperantes españoles, Mauritania ha multiplicado sus medidas de seguridad por todo el país, con un amplio despliegue militar concentrado en las zonas desérticas y más cercanas a las fronteras.

Pese a los esfuerzos mauritanos, Albert Vilalta y Roque Pascual continúan en manos de la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), presumiblemente en el norte de Mali, después de haber sido secuestrados el pasado 29 de noviembre, mientras que la única mujer del grupo, Alicia Gámez, fue puesta en libertad el 10 de marzo.

Tras el secuestro, unidades del Ejército mauritano se desplegaron sobre la práctica totalidad del territorio nacional (1.180.000 kilómetros cuadrados), principalmente en los pasillos fronterizos de infiltración de terroristas, contrabandistas y narcotraficantes, que han sido decretados como zonas militares de acceso restringido.

Se ha intentado definir cuáles son los puntos más vulnerables de las porosas y extensas fronteras de Mauritania con sus países vecinos (especialmente Mali), pese a que las propias autoridades reconocen las complicaciones derivadas de esa misión.

En febrero, Mali extraditó a Mauritania a su nacional Omar Uld Sid'Ahmed Uld Hame, más conocido como Omar Sahraui, que ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de Nuakchot de ser el autor material del secuestro.

Fuentes judiciales mauritanas señalaron a Efe que Sahraui reconoció en los interrogatorios haber organizado el secuestro de los tres españoles y que entregó a los rehenes a Mohamed Uld Deye "Ruyi", un maliense que ejerció de intermediario con AQMI.

En el plano legislativo, el Parlamento mauritano aprobó con una vasta mayoría una dura ley antiterrorista, que permite las escuchas telefónicas y los allanamientos de morada y que ha sido muy criticada por organizaciones de derechos civiles.

También los periodistas han sufrido las repercusiones del rapto, con la entrada en vigor esta misma semana de una nueva normativa que prohíbe a la prensa divulgar información militar sensible o "cualquier noticia que tenga relación con secretos militares".

Hace sólo dos semanas, comenzó entre grandes medidas de seguridad el mayor proceso judicial contra presuntos islamistas salafistas en la historia del país y el primero desde la llegada al poder del presidente Mohamed Uld Abdelaziz tras la asonada de agosto de 2008.

Aunque se desconoce cuándo serán juzgados los detenidos en relación al secuestro de los españoles, ya han sido condenados a muerte los jóvenes Sidi Uld Sidna, Maaruf Uld Haïba, y Mohamed Uld Chebarnu por el asesinato de cuatro turistas franceses en 2007 cerca de la ciudad de Aleg (sudeste del país).

"La justicia quiso pronunciar un veredicto a la altura de los perjuicios sufridos por Mauritania en su imagen mundial, su economía y su relación con Francia", dijo a Efe un analista mauritano, quien recordó que tras este suceso el Rally Dakar decidió dejar África y el número de turistas se redujo en un 60 por ciento, algo agudizado tras el secuestro de los españoles.