Medidas cautelares de alcalde Bogotá son de obligado cumplimiento, dice CIDH

Bogotá, 19 mar.- Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, son "de obligado cumplimiento" para el Gobierno de Colombia, dijo hoy el director ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.

El funcionario afirmó en declaraciones a la emisora RCN La Radio que las medidas no constituyen un pronunciamiento de fondo, sino que se pide la suspensión de la destitución e inhabilitación de Petro por 15 años para estudiar mientras tanto si esa decisión se ajusta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La deliberación de la CIDH se conoció tan sólo cinco horas después de que el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, invalidara 23 tutelas o recursos de amparo en contra de la sanción administrativa de Petro, lo que implicaba que su salida de la Alcaldía estaba en curso.

"La Comisión actúa bajo la hipótesis de que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y está bajo el escenario de que serán atendidas", agregó el jurista de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con Álvarez Icaza, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que es quien tiene la última palabra sobre la situación de Petro, debe acatar la recomendación de la CIDH y suspender la destitución y la inhabilitación que ordenó la Procuraduría el 9 de diciembre pasado.

Ahora el presidente Santos, que está en plena campaña para la reelección en los comicios del 25 de mayo, tendrá que decidir en un plazo de diez días si obrará de acuerdo con las decisiones de las instituciones de su país o si acata las medidas cautelares de un organismo internacional como la CIDH.

Además, recordó que la Constitución de Colombia reconoce la competencia de este organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para intervenir.

La CIDH tiene un plazo de tres meses para recibir de manos del Gobierno colombiano el expediente del caso de Petro, estudiarlo y tomar una determinación, y agregó que en el otorgamiento de las medidas cautelares han primado los principios de "urgencia, gravedad y reparabilidad".

Las medidas cautelares a favor de Petro contaron con el voto unánime de los siete integrantes de la CIDH, que representan a México, Jamaica, Paraguay, Chile, Santa Lucía, Brasil y EE.UU.

La Procuraduría ordenó en diciembre pasado la destitución e inhabilitación de Petro al argumentar que cometió tres fallas graves durante la implantación de un nuevo modelo de recogida de basuras en 2012, lo que despertó indignación entre parte de la ciudadanía por la supuesta desproporción de la medida.