Luis Medina esperaba cobrar más de un millón de dólares por el 'pelotazo' de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Así se deduce de la declaración como testigo de la directora de la sucursal bancaria en la que recibió la comisión por intermediar en los tres contratos que el consistorio madrileño firmó en marzo de 2020 para conseguir material sanitario con el que hacer frente a la primera ola de la pandemia. Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, la testigo ha indicado este lunes ante el juez de Madrid Adolfo Carretero que el empresario imputado le advirtió que, además de la mencionada cantidad recibida, esperaba cobrar otra parte relacionada con el mismo contrato.
Esta declaración de la directora de la oficina bancaria contrasta en parte con lo expresado por el propio Medina ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47, cuando aseguró que no se sintió estafado por su socio, Alberto Luceño (también imputado), al recibir solo una comisión de un millón de dólares por el primer contrato relacionado con la compraventa de mascarillas y no por las siguientes operaciones para la adquisición de guantes y test rápidos. Sin embargo, en una declaración anterior en la Fiscalía Anticorrupción manifestó que pensaba que iba a cobrar un tercio de los beneficios obtenidos en cada contrato, algo que no ocurrió, y que, a raíz de la investigación que se inició en noviembre de 2020, entendía por qué su compañero de negocios no le cogía el teléfono desde hacía un tiempo.
Por otro lado, la directora de la sucursal bancaria también ha desmontado otra parte de la versión de Medina al asegurar que fue ella la que le requirió documentación para justificar el cobro de un millón de dólares por una operación comercial. El empresario conocido por ser el hijo del fallecido duque de Feria aseguró ante el magistrado instructor que fue él quien presentó todos los documentos de manera voluntaria, según han recalcado las fuentes jurídicas consultadas. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que dichos documentos han sido falsificados, por lo que el juez Adolfo Carretero ha solicitado recientemente a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) que certifique si el contrato que Medina y Luceño aportaron a las entidades bancarias para acreditar que eran "agente exclusivos" de la empresa de Malasia que vendió las mascarillas son válidos. Todo ello después de que el organismo internacional advirtiera en un comunicado que los modelos de contratos que constan en el sumario de la causa no son auténticos.
El juez también ha tomado declaración al director de la sucursal bancaria en la que Luceño ingresó 5 millones de dólares por los tres contratos firmados con el Ayuntamiento de Madrid. Este testigo ha indicado que él sí recibió directamente de este imputado la documentación que justificaba su relación con Leno Marketing, la mercantil malaya proveedora de las mascarillas, y que después remitió la documentación al departamento de blanqueo de capitales, como era habitual, si bien desconoce cómo se puso en manos del SEPBLAC, organismo que alertó de las presuntas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción, dando así origen a la causa.
Al respecto de estas testificales, la acusación popular ejercida por Podemos ha solicitado al juez que pida a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que impida a los bancos en los que Medina y Luceño ingresaron en total 6 millones de dólares que se embolsaron en concepto de comisiones por los contratos firmados con el Ayuntamiento de Madrid que destruyan los correos electrónicos que les enviaron para justificar el recibo de dicha cantidad. El objetivo es "saber cuándo se enviaron y cuál era el contenido expreso", ha indicado la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.
La amiga de Medina
Las declaraciones de los empleados bancarios no son las únicas que han tenido lugar este lunes en el marco de la investigación judicial por el 'pelotazo' de las mascarillas. El juez instructor también ha escuchado como testigo a la "amiga" de Luis Medina que le ayudó a conseguir el contacto de Elena Collado, la encargada municipal de comprar el material sanitario que costó 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros). Se trata de María Díaz de la Cebosa, quien ha admitido que facilitó al comisionista el teléfono del primo del alcalde de Madrid. La profesora del centro universitario en el que estudió Medina durante un año ha explicado al magistrado que le pasó el contacto de su amigo y abogado Carlos Martínez-Almeida después de que Medina le preguntara si sabía de alguien que le pudiera poner en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecer la venta de mascarillas en un momento de gran dificultad para conseguir dicho producto, según las fuentes jurídicas consultadas.
Durante su declaración, Díaz de la Cebosa ha destacado que Medina le trasladó que quería "ayudar" al consistorio y que por eso le facilitó el contacto de Carlos Martínez-Almeida. En este sentido, ha asegurado que no conoce los detalles de la conversación que habrían mantenido el comisionista y el familiar de José Luis Martínez-Almeida, aunque ha apuntado a la posibilidad de que este último facilitara la dirección electrónica de un "correo genérico" del Ayuntamiento a Medina. Precisamente este mismo lunes, el juez instructor de Madrid ha rechazado imputar al primo del primer edil por un delito de tráfico de influencias, al considerar que simplemente "se limitó a proporcionar el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la funeraria municipal (y por tanto del Ayuntamiento de Madrid), los mencionados contratos".
Aclarar "si hubo trato de favor"
El magistrado subraya que no hay constancia de que Carlos Martínez-Almeida utilizara su condición de familiar del acalde para presionar a Elena Collado, ni que tampoco le obligara a llamar a los comisionistas para conocer su oferta. Aún así, el juez considera que es necesario recabar su testimonio para aclarar todos los puntos al respecto, por lo que le ha citado a declarar el próximo 12 de mayo, como testigo, para que explique cómo los comisionistas "contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid" y esclarecer "si hubo algún trato de favor".
Tras la declaración de Díaz de la Cebosa, el equipo jurídico de la acusación popular de Más Madrid ha solicitado al juez instructor que la testigo dejara su teléfono móvil para que se los peritos judiciales analicen sus mensajes y llamadas telefónicas y conocer cómo se produjo exactamente la comunicación con Luis Medina y Carlos Martínez-Almeida. El objetivo de esta diligencia es descartar un posible delito de tráfico de influencias. No obstante, la solicitud ha sido rechazada por el juez instructor, lo que ha motivado que la abogada de la formación política anunciara su intención de interponer un recurso. "Resulta imprescindible totalmente saber las relaciones que se mantuvieron en esos momentos, cómo se proporcionó al señor Medina esos contactos, y quienes intervinieron en esos contactos", ha defendido la letrada del partido, Nuria Zapico, en declaraciones a la prensa a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
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