El Gobierno plantea recuperar las indemnizaciones a presos durante el franquismo y pensiones de orfandad para familiares de víctimas de la Guerra Civil. Así consta en la memoria de impacto económico del proyecto de Ley de Memoria Democrática que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quiere que se apruebe por consenso. La norma, en caso de ser aprobada en las Cortes Generales, deroga dos disposiciones adicionales de los Presupuestos Generales de 2013 en las que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy congelaba estas medidas de "reparación", según la terminología del Ejecutivo socialista.
El Gobierno habla de "la necesidad de resolver algunos déficits puestos de manifiesto en la consecución de los objetivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, tras trece años de vigencia, agravados por el abandono y falta de soporte presupuestario sufrido desde el año 2012". En efecto, la Ley de Presupuestos de 2013, que llevó la firma del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contemplaba poner fin a las "indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de expresos sociales" y a las "pensiones de orfandad de Clases Pasivas". Fue un año de recortes y la tijera afectó a estos dos colectivos que fueron reconocidos en la primera ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ahora, y con la vista puesta en los próximos Presupuestos que serán expansivos, el Ministerio de Bolaños plantea un movimiento de "carácter reparador y eminentemente simbólico para los colectivos afectados". De esta forma, el Gobierno plantea restaurar el importe de las pensiones de orfandad para los familiares de los profesional de las Fuerzas Armadas y Orden Público. En ese caso la prestación en favor de mayores no incapacitados sería del 100% de la base reguladora que correspondería al causante, atendiendo a la graduación y años de servicio que tuviera acreditados en el momento de su fallecimiento. Si el causante no era profesional de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, su cuantía en 2020 está fijada en 159,70 euros al mes.
En el caso de las indemnizaciones por tiempo de prisión, si transcurrieron tres o más año el Estado abonará 6.010,12 euros. Además, por cada tres años completos adicionales se pagará 1.202,02 euros. Y, por último, habrá 9.616,18 euros por cónyuge fallecido en prisión. Las cuantías son las mismas a las contempladas en la Ley de Memoria Democrática de hace 13 años.
La futura Ley también contempla indemnizaciones para los llamados presos sociales, es decir, persona que hubieran sufrido privación de libertad por ser homosexuales. La disposición derogatoria acaba con la congelación de estas indemnización que varían desde los 4.000 euros para los presos de un mes a seis meses hasta los 12.010,12 euros para quienes estuvieran en un centro penitenciario tres años o más.
El Gobierno admite, eso sí, en la misma memoria de impacto económico que las consecuencias de estas indemnizaciones en los Presupuestos podrían ser "prácticamente inapreciable". Y lo razona exponiendo que en "los datos de las últimas indemnizaciones concedidas en los dos últimos ejercicios en los que estuvieron operativas (años 2012 y 2013): de las 7 solicitudes presentadas en el año 2012, tan solo se concedió 1, y en 2013, se presentó una única solicitud que finalmente no fue concedida".
El Gobierno también admite que los restantes futuros costes presupuestarios que puedan surgir por estas indemnizaciones "se adecuarán a los principios de eficacia y eficiencia y quedarán completamente justificados atendiendo a razones éticas y democráticas así como al debido reconocimiento y reparación merecidos por todas las víctimas de la Guerra y la Dictadura".
Según un informe interno del Gobierno, el Estado ha abonado hasta 2020 un total de 21.349 millones de euros a 547.670 beneficiarios en concepto de reparaciones por la Guerra Civil y el franquismo. Pensiones a militares, combatientes, mutilados, así como sus familiares en caso de fallecimiento y los asesinados y desaparecidos. Por otro lado, se ha desembolsado 397 millones a 60.683 personas en indemnizaciones por haber estado en prisión durante esa época. El Ejecutivo, según los planes de Bolaños, plantea apobar la Ley de Memoria antes de que finalice el año.
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