El número de menores extranjeros no acompañados que hay en España se ha duplicado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Con datos de cierre de 2019 alcanzan los 12.417, algo por debajo de los 13.796 que había a finales del año anterior, cuando se batieron todos los récords, pero todavía en niveles que multiplican prácticamente por dos los registrados en 2017 y se sitúan muy por encima de la media de la última década. Es el balance del registro de la aplicación Adexttra que maneja el Ministerio del Interior y que, en cualquier caso, fluctúa respecto a las cifras facilitadas por las distintas comunidades autónomas que tutelan en sus centros a estos niños inmigrantes que llegan solos y sin papeles.
Según este registro oficial que ha sido facilitado por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu hay más de 12.400 menores en esta situación repartidos por toda España, sobre todo en regiones como Andalucía y Cataluña, y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, puerta de entrada por proximidad geográfica con áreas como Marruecos, de donde proceden el 75% de estos niños y adolescentes. "Estamos observando un aumento en las llegadas de estos menores que viajan solos a lo largo de la ruta entre el continente africano y España, principalmente porque es una ruta menos peligrosa que la que va de Turquía a Grecia o de Libia a Italia, explica Jennifer Zuppiroli, experta en infancia de Save the Children.
"De ahí que nos encontremos ante un fenómeno creciente que va en la línea del incremento de la inmigración en general", matiza Zuppiroli, que recuerda que España es la vía de entrada a Europa y que en muchos casos quienes acceden al continente a través de la península continúan su camino hacia otros países del entorno. La portavoz de esta ONG con amplia experiencia intenta así desmitificar el 'efecto llamada' que, según aseguran desde algunas formaciones políticas, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez con decisiones como una de las primeras que tomó nada más acceder al poder: la acogida del Aquarius.
Y es que los MENAS han estado recientemente en el centro del foco de la discusión política, con partidos como Vox pidiendo frenar este 'efecto llamada' tras constatar problemas de seguridad ciudadana en barrios con centros de acogida y ganándose las reprimendas de sus rivales parlamentarios, que les han acusado de incitar al odio contra los inmigrantes. La formación de Santiago Abascal considera que las políticas socialistas alientan a estos jóvenes a cruzar el Mediterráneo, si bien Zuppiroli pone en duda que los menores manejen tal información y realicen ese tipo de análisis cuando huyen de lugares de conflicto donde se violan los derechos humanos y fundamentales de la infancia.
Los MENAS han sido acusados de venir acompañados de un perfil de conflictividad que hace particularmente compleja su inserción en la sociedad. Sin embargo, la portavoz de Save the Children niega tajantemente que estos jóvenes sean conflictivos y asegura que el problema es de los sistemas de protección, que no disponen de protocolos de intervención para perfiles concretos. "Vienen chavales marroquíes, de Mali, de Guinea... y se les atiende en centros que no cuentan con los medios necesarios, ni siquiera con intérpretes ni traductores", denuncia.
El problema, a juicio de Zuppiroli, es consecuencia de un modelo de intervención único que está fallando porque se ha perdido la oportunidad de desarrollar una hoja de ruta concreta para mejorar la inclusión de estos MENAS. Hay que recordar que el Gobierno socialista habilitó en 2018 una partida de 40 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, pero "más allá del distinto reparto entre regiones, no se ha hecho una evaluación de esas ayudas ni se sabe a qué se han destinado", zanja.
Lo cierto es que ese dinero se facilitó para dar respuesta a una situación excepcional ante la llegada masiva de MENAS en aquel año, pero el Gobierno no tiene previsto ahora ampliar esas ayudas, tal y como ha confirmado la Dirección General de Servicios para la Infancia y la Familia del Ministerio de Sanidad. La idea ahora, ante las dificultades que siguen atravesando sobre todo determinadas comunidades autónomas como Andalucía, es impulsar un nuevo modelo compartido de atención a estos menores no acompañados, pero sin aumentar los fondos estatales.
Ayer mismo el PSOE registró una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno medidas contra las conductas dirigidas a estigmatizar y criminalizar a los menores migrantes que llegan al país sin la compañía de un adulto. Los socialistas ponen como ejemplo el propio uso del término MENA, una expresión que, a su juicio, hay quien utiliza con intención de "cosificarlos", "deshumanizarlos" y relacionándolo con "comportamientos delictivos". Tal y como denuncian en el texto, la intención de estas personas es ocultar deliberadamente tras las siglas que se trata de niños, niñas y adolescentes que, además, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
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