México, 12 mar.- La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de México publicó hoy en el Diario Oficial un acuerdo por el que crea la fiscalía especial para el combate a la corrupción.
El nuevo organismo entrará en vigor en el momento en que el Senado nombre al titular de la fiscalía, de acuerdo con la reforma en materia político-electoral promulgada en enero pasado.
La nueva fiscalía dependerá del procurador general y su objetivo será investigar y perseguir los delitos "relacionados con hechos de corrupción de competencia federal" y otros cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
El acuerdo aclara que esta institución no intervendrá en delitos en que los servidores públicos se involucren con la delincuencia organizada o asuntos electorales, que estarán en manos de unidades especializadas.
Entre los delitos incluidos están el enriquecimiento ilícito, cohecho a servidores públicos nacionales y extranjeros, peculado, tráfico de influencia, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia.
El decreto de la reforma político-electoral, publicado el 10 de febrero pasado, estableció que la PGR pasará a llamarse Fiscalía General de la República y contará con varias unidades administrativas, incluida la fiscalía anticorrupción.
De acuerdo con el documento, la corrupción está definida como una "acción u omisión de un servidor público que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público".
La corrupción frena el desarrollo del país al desincentivar la inversión, afectar el presupuesto de las familias, distorsionar la distribución del ingreso y generar desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos, añade el texto.
El nuevo organismo será encabezado por un fiscal que "tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación".
Según el presidente de la ONG Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, el costo que representa la corrupción para el país oscila entre el 2 % y el 8 % del producto interno bruto (PIB), dependiendo del tipo de estudio.
Si se toma un promedio del 5 %, equivale a lo que México gasta en educación, señaló el experto recientemente, al explicar que ese costo incluye recursos públicos para obras que van a bolsillos privados e inversiones ahuyentadas que impactan en la generación de empleo y bienestar.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios