El grupo de expertos, que realiza una investigación independiente del crimen, presentó un informe preliminar en el que resalta que en el expediente de las indagatorias que realiza la Procuraduría General (fiscalía) está asentado el hallazgo "de ropa de algunos normalistas (estudiantes) desaparecidos" pero "no ha sido utilizada como evidencia".
"En opinión del grupo este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares", dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago en una rueda de prensa.
Los expertos se encuentran desde marzo en México para investigar la desaparición y probable masacre de los 43 estudiantes perpetrada en septiembre en la ciudad de Iguala (Guerrero), un crimen que escandalizó a la comunidad internacional.
La existencia de esta ropa fue conocida el 29 de junio por los expertos, que solicitaron a la fiscalía procesarla, fotografiarla y tomar evidencias genéticas, lo que se realizó los 29 y 30 de julio.
Las nuevas evidencias fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) y a un grupo de forenses independientes, que colaboran con el gobierno, para el análisis de las pruebas, principalmente en la búsqueda de ADN.
En próximos días, padres de los jóvenes podrán revisar la ropa y comprobar si pertenecía a sus hijos, explicó Buitrago.
Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela de formación de maestros rurales de la comunidad de Ayotzinapa fueron atacados por policías corruptos de la cercana Iguala.
De acuerdo con la investigación, 43 de los jóvenes fueron entregados por policías a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado por sospechar que entre ellos había miembros de un cártel rival y después incinerado y arrojado sus restos a un río.
El laboratorio de Innsbruck ha analizado muestras de restos humanos calcinados pero sólo ha podido identificar a uno de los estudiantes.
Además, según el informe de los expertos existen testimonios de la existencia de una videograbación del momento de la intervención policial que no ha sido utilizada como evidencia y se presume que fue destruida pese a que fue entregada a un tribunal.
"Si esto se confirma, se habría perdido evidencia para la investigación de los hechos. Esto debe ser investigado de inmediato" por la fiscalía, reclamó Buitrago.
El grupo de expertos presentará el 6 de septiembre el informe final de su investigación, si bien ha solicitado a la CIDH y al gobierno mexicano ampliar por seis meses más su mandato.
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