El grupo de expertos, que realiza una investigación independiente del crimen, presentó un informe preliminar en el que resalta que en el expediente de las indagatorias que realiza la Procuraduría General (fiscalía) está asentado el hallazgo "de ropa de algunos normalistas (estudiantes) desaparecidos" pero "no ha sido utilizada como evidencia".
"En opinión del grupo este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares", dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago en una rueda de prensa.
Los expertos se encuentran desde marzo en México para investigar la desaparición y probable masacre de los 43 estudiantes perpetrada en septiembre en la ciudad de Iguala (Guerrero), un crimen que escandalizó a la comunidad internacional y generó las mayores protestas ciudadanas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La existencia de esta ropa fue conocida el 29 de junio por los expertos, que solicitaron a la fiscalía procesarla, fotografiarla y tomar evidencias genéticas, lo que se realizó los 29 y 30 de julio.
Las nuevas evidencias fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) y a un grupo de forenses independientes que colaboran con el gobierno para el análisis de las pruebas, principalmente en la búsqueda de ADN.
En próximos días, padres de los jóvenes podrán revisar la ropa y comprobar si pertenecía a sus hijos, explicó Buitrago.
Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela de formación de maestros rurales de la comunidad de Ayotzinapa fueron atacados por policías corruptos de la cercana Iguala.
Un total de 43 de los jóvenes fueron después entregados por policías a narcotraficantes. Basándose en el centenar de detenidos y otras pruebas, la fiscalía concluyó que los sicarios asesinaron a los 43 estudiantes por sospechar que entre ellos había miembros de un cártel rival, y después los incineraron y arrojaron sus restos a un río.
El laboratorio de Innsbruck ha analizado muestras de restos humanos calcinados pero sólo ha podido identificar a uno de los estudiantes.
Los padres de los estudiantes rechazan la versión de que sus hijos fueron masacrados y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional afirmaron que las conclusiones de la fiscalía fueron precipitadas.
En otro punto del informe de los expertos se señala que existen testimonios de la existencia de una videograbación del momento de la intervención policial que no ha sido utilizada como evidencia y se presume que fue destruida pese a que fue entregada a un tribunal.
"Si esto se confirma, se habría perdido evidencia para la investigación de los hechos. Esto debe ser investigado de inmediato" por la fiscalía, reclamó Buitrago.
El grupo de expertos presentará el 6 de septiembre el informe final de su investigación, si bien ha solicitado a la CIDH y al gobierno mexicano ampliar por seis meses más su mandato.
"Esta semana debe haber una respuesta del Estado mexicano a nuestra solicitud", dijo el abogado chileno Francisco Cox.
En su comparecencia, los expertos también criticaron que el gobierno no haya autorizado una entrevista con un batallón militar destacado en la zona donde ocurrieron los hechos.
El gobierno ha solicitado a los expertos que presenten un cuestionario para que los miembros del batallón 27 sean interrogados por autoridades, lo que fue rechazado por los expertos.
El argumento del Ejecutivo para negar un encuentro directo "es que pondría en riesgo la legalidad de la investigación. No compartimos ese argumento", dijo Cox.
Además del grupo de la CIDH, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman) lleva a cabo una investigación propia del crimen y ha señalado fallas y omisiones de autoridades, principalmente de diligencias forenses.
El gobierno mexicano, por medio del ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, retomó el sábado el diálogo con los padres de los jóvenes después de que las reuniones periódicas que sostenían se suspendieran durante meses.
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