Luego de seis meses de trabajos, enfocados en recoger testimonios de víctimas, familiares y agentes del gobierno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México, seguirá por un nuevo periodo a partir de noviembre, aún sin una extensión definida.
Durante la nueva etapa, una instancia especial de la Procuraduría (Fiscalía) -la Subprocuraduría de Derechos Humanos- tomará las riendas de la investigación, adoptando las recomendaciones formuladas por el GIEI en su informe de septiembre.
"Se ha creado una fiscalía especializada", un "nuevo equipo de trabajo que relance la investigación", dijo el director de esa unidad, Eber Betanzos, durante el 156º período de sesiones de la Comisión, órgano autónomo de la OEA.
Aunque la extensión del GIEI es un consenso de los expertos, los representantes de los familiares y el gobierno mexicano, en definitiva debe ser aprobado por los comisionados del ente interamericano.
El acuerdo de diez puntos establece las "condiciones que nos van a permitir hacer un buen trabajo en nueva etapa", dijo Carlos Beristain, el médico español integrante del GIEI en una rueda de prensa posterior a la sesión.
La investigación internacional es un hito en México, un país convulsionado por la violencia, pero especialmente sensibilizado por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normalista de Iguala (Guerrero, sur), el 26 de septiembre de 2014.
El ambicioso esfuerzo, que abarca la búsqueda de los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables y la atención a las víctimas y familiares, luce sin embargo obstaculizado por las negativas del Estado a que los expertos interroguen directamente a efectivos militares señalados de haber estado en varias de las escenas donde fueron vistos por última vez los jóvenes.
Los estudiantes habrían sido asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala en una acción que implicó a policías y miembros de un cartel de drogas local.
El subsecretario mexicano de Gobernación (Interior), Roberto Campa, indicó que las declaraciones de los uniformados al GIEI "no forman parte de los puntos convenidos en el acuerdo", pero abrió las puertas a que se tramiten las preguntas de los expertos a través de la Procuraduría.
Aunque sobre el batallón "siempre hay una respuesta evasiva", la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, del GIEI, indicó que la posición de México no constituye una negativa para el grupo.
"Hoy todo México necesita las transformaciones que solo puede traer la verdad", dijo Marco Patrón, de la ONG Centro PRODH.
El informe del GIEI, de 560 páginas, aunque se apoyó en los expedientes judiciales del caso, cuestiona aspectos fundamentales de la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes, en la que se indica que habrían sido asesinados en una acción que implicó a policías y miembros de un cartel de drogas local.
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