Los cinco miembros de Ekin valoran positivamente el acuerdo con la Fiscalía porque "evita un nuevo ingreso en prisión"

Los cinco miembros de Ekin detenidos en enero de 2011, acusados de dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010, actuando como miembros 'desdoblados' del aparato político de ETA, han valorado positivamente el acuerdo alcanzado con la Fiscalía del Estado "porque sirve para avanzar y evita un nuevo ingreso en prisión".

Los acusados Gorka Zabala Cia, Gorka Mayo Hermoso de Mendoza, Iker Moreno Ibañez, Íñigo González Etayo y Juan Francisco Arratibel Garciandia aceptaron este jueves una condena de dos años de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo por un delito de pertenencia. Los acusados han firmado, además, la misma declaración que la realizada por los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) el pasado 13 de enero ante el tribunal que les juzgaba.

En este sentido, los cinco miembros de Ekin han afirmado este sábado en rueda de prensa que "el camino que abrieron" los integrantes del PCTV y ANV "ha hecho posible que puedan rubricarse nuevos acuerdos si las partes tienen voluntad".

Aun así, han manifestado que es "una situación injusta" porque "hemos sido juzgados por nuestras ideas, por ser militantes independentistas". En este sentido, han afirmado que la Audiencia Nacional "y las leyes de excepción que la rigen, no garantizan derecho" y han exigido "el fin de los juicios políticos". "Ser independentistas y de izquierdas no es delito", han añadido.

En la misma rueda de prensa se ha presentado el manifiesto 'Tortura. Aztnugal (Laguntza-Ayuda) en el s. XXI' firmado por una veintena de personas entre las que se encuentran políticos, víctimas de ETA, juristas, filósofos, escritores, periodistas o artistas. El documento ha sido firmado por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez.

El manifiesto exige la eliminación del régimen de incomunicación "que posibilita la práctica de la tortura" y pide "el establecimiento de mecanismos para hacer imposible la práctica de la misma". Además, se exige el cumplimiento de la 'Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes' de las Naciones Unidas "que España suscribió y publicó en el BOE en 1987".