Asunción, 5 jun.- Los 34 países presentes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), todos los del continente menos Cuba, aprobaron hoy por unanimidad la llamada "Declaración de Asunción", un documento que condena la desigualdad y aboga por un desarrollo más equilibrado.
El texto fue consensuado por los embajadores ante la OEA en Washington antes de que comenzara la Asamblea, que culminará hoy en Asunción.
La Declaración responde al tema "Desarrollo con inclusión social", propuesto como el eje del encuentro continental por Paraguay por ser el país anfitrión.
"Hay que tener políticas de inclusión social, mejorar la distribución de ingreso, promover el empleo para todos, los servicios básicos y evitar la discriminación", resumió en una rueda de prensa tras su aprobación el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
En el documento, los países se comprometen a "profundizar el desarrollo económico con equidad".
Para ello se pronuncian contra la discriminación y a favor del respeto de los derechos humanos y dicen que promoverán planes de capacitación profesional y mejora de la salud, al tiempo que cooperarán en el combate a la delincuencia trasnacional, entre otros objetivos.
También piden favorecer la inclusión social de los migrantes, la mejora de la infraestructura, y políticas públicas de seguridad con "un enfoque multidimensional que contribuya al desarrollo integral y a la justicia social".
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, recalcó en la rueda de prensa que la declaración reconoce las dificultades que afrontan los países sin litoral y pide facilitarles el tránsito hacia el océano. En América, Paraguay y Bolivia son países mediterráneos.
En el documento las naciones firmantes se comprometen asimismo a impulsar las Alianzas Público-Privadas, que contempla la inversión privada en servicios públicos, como carreteras, hidrovías o aeropuertos.
El documento plantea que esas alianzas contribuyen a reducir la pobreza, un argumento apoyado por el Gobierno de Paraguay frente a las críticas de grupos de izquierda, que las ven como una privatización solapada.
Loizaga dijo que existe una interpretación "muy sesgada" de esas Alianzas, que describió como un instrumento que usan los gobiernos "para aliviar su presupuesto y destinar esos fondos a los sectores más necesitados".
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