Entrevista a Miguel Borra

"Hay que reconocer ya el acceso de los funcionarios a la jubilación voluntaria"

El presidente de CSIF denuncia las lagunas del régimen de jubilación de los funcionarios adscritos a la Seguridad Social, defiende la subida del 0,9% y anuncia batalla contra la "politización" de la Administración.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. La ministra de Hacienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, participan en la jornada 'Agenda Urbana: Cohesión, Racionalidad y Sostenibilidad'. En el Hotel NH Collection de Sevilla. (Foto de ARCHIVO) 02/04/2019
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. 
María José López

"Hay médicos y enfermeras que han hecho jornadas interminables, personal del SEPE o de la Seguridad Social que han trabajado con sus propios equipos desde casa, con sus propias conexiones a internet, sábados, festivos, policías, personal de residencias...creo que los funcionarios hemos dado un ejemplo de nuestra valía y de lo que son los servicios públicos en los últimos meses. No podemos entender que haya polémica por una subida del 0,9%, que en el caso de un médico no llega a 25 euros al mes". El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, no sólo defiende la controvertida subida salarial prevista para los empleados públicos en el proyecto de Presupuestos de 2021, sino que anuncia que el sindicato pedirá una subida anual del 3% en la negociación del 'acuerdo de legislatura' que en breve se abrirá con el Ministerio de Función Pública de Carolina Darias: "Y aunque nos la concedieran seguiríamos sin recuperar la pérdida de poder adquisitivo derivada del recorte salarial que nos aplicó Zapatero en 2010", recuerda.

"Cuando escuchamos a la vicepresidenta Calviño decir que en los tres últimos años los funcionarios hemos ganado poder adquisitivo, echamos de menos que se amplíe el foco y se hable de cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años", lamenta. "En términos relativos estamos bastante peor pagados que los funcionarios de otros países como Francia o Alemania y, sí, creemos que el aspecto salarial es muy importante porque para tener unos servicios públicos de calidad, tenemos que tener funcionarios que perciban una retribución adecuada a la tarea que desempeñan, y eso no ocurre".

La Información entrevista al presidente nacional de CSIF en un momento particularmente crítico, con varias mesas de negociación con el Gobierno abiertas, en puertas de que se abra al fin el melón de la Ley de Función Pública de la AGE -que está llamada a regular las relaciones laborales en el ámbito de la Administración del Estado - y con una reforma de las Administraciones Públicas en ciernes al calor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que estos días ultima el Gobierno.

Otra polémica: la jubilación de los funcionarios

Tras cerca de tres lustros en el cajón de los proyectos olvidados, el Gobierno parece dispuesto al fin a poner sobre la mesa la Ley de Función Pública, cuyo desarrollo lleva estancado desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público allá por el año 2007. El presidente de CSIF revela que el Gobierno ha convocado a los sindicatos esta semana para realizar una primera toma de contacto sobre el asunto, "aunque nos dicen que están a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno a sus propuestas".

CSIF tiene claro en cualquier caso los asuntos que considera imprescindible tratar. Uno de ellos es la regulación de determinadas fórmulas de jubilación para los funcionarios adscritos al régimen común de la Seguridad Social, que ni tienen los mismos derechos que sus colegas del sistema de clases pasivas ni tampoco los que se reconocen a los trabajadores por cuenta ajena. "Queremos que se regule ya el acceso a la jubilación parcial, a la jubilación voluntaria y a la jubilación anticipada, que a día de hoy no es un derecho para los funcionarios del régimen común porque no se ha regulado en las normativa propia". Desde el sindicato consideran este asunto prioritario en un contexto de envejecimiento de la plantilla de la Administración en el que casi el 50% del personal de la AGE tiene más de 50 años.

Las preocupaciones del sindicato respecto al asunto no se limitan a ese aspecto. En los últimos meses CSIF ha manifestado su disconformidad por el traspaso de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y ha detectado indicios que le llevan a pensar que ese movimiento no es un mero traspaso de competencias sino que detrás de eso hay algo más. "Nos dijeron que no iba a pasar nada, pero ya hemos tenido problemas en el ámbito de Justicia, donde a algunos funcionarios no se les reconocen periodos de su carrera profesional que se les han venido reconociendo en los últimos años. Sí, estamos preocupados y tememos que este movimiento se traduzca en pérdidas de derechos para los funcionarios en clases pasivas".

Contra la politización de los asesores

En el punto de mira también la figura de los asesores. "De 2008 hasta hoy el número de asesores ha pasado de unos 800 a más de un millar. Hay dos cuestiones importantes aquí, tanto el número de asesores que nos parece excesivo, como su mecanismo de designación, que debe estar reglado: hay que hacer un perfil de puesto, definir las competencias que debe reunir la persona que lo vaya a ocupar y entonces hacer un proceso de selección, que debería estar abierto a los funcionarios, claro. No podemos permitir que los puestos de asesores se conviertan en una agencia de colocación de los partidos políticos porque al final eso resulta en que haya miles de personas en la Administración a las que no se les exige ninguna preparación para ocupar el cargo que están ocupando, que no están ahí por su capacidad sino por su adscripción política y además ganando unos sueldos altísimos".

CSIF quiere que la futura Ley de Función Pública ponga fin a la opacidad del proceso de selección de los asesores del Gobierno. "No estamos en contra de la figura, que puede ser necesaria para la acción de Gobierno, pero sí lo estamos de la discrecionalidad en las designaciones y de la opacidad sobre sus funciones y sus retribuciones", advierte Miguel Borra.

Máxime cuando el interés de los gobiernos por ampliar el abanico de asesores externos nombrados a dedo ha sido inversamente proporcional al interés por definir un proyecto de carrera profesional para los funcionarios que han superado una oposición. El presidente del sindicato ve la futura Ley de Función Pública como una oportunidad para definir una carrera profesional digna de tal nombre, que fije los criterios de promoción de los funcionarios y también las retribuciones que deben ir unidas a esa promoción. "No puede ser que haya empleados públicos que lleven veinte años en un mismo puesto y no hayan tenido ninguna oportunidad de progresar en su carrera en la Administración", denuncia Miguel Borra. "No decimos que esa promoción deba hacerse únicamente por un criterio temporal, pero hay que dar posibilidades a los funcionarios para que progresen dentro de la Administración cuando demuestran un desempeño adecuado y se preocupan por recibir una formación".

El papel de los funcionarios durante la crisis económica

Del mismo modo que la pandemia ha servido para ensalzar el trabajo del personal de la sanidad pública o los servicios socio-sanitarios ha puesto contra la cuerdas a las castigadas plantillas de organismos como los Servicios Públicos de Empleo o la Seguridad Social que se han visto obligados a tramitar un sinfín de nuevas prestaciones y mecanismos con unos recursos muy limitados, lo que ha conducido a colapsos en la gestión de ayudas críticas como las prestaciones por ERTE o el Ingreso Mínimo Vital. "Los ciudadanos deben saber que el SEPE ha afrontado una carta de trabajo sin precedentes con 8.000 trabajadores en toda España y con sistemas informáticos que en muchos casos tienen más de 30 años. Las cosas han salido adelante porque los funcionarios de esos organismos se han empeñado en que salgan adelante, poniendo sus propios medios desde sus casas y trabajando festivos".

La situación generada durante la pandemia ha servido al menos para que el Gobierno se anime a entrar en una vieja reivindicación de CSIF: la regulación del teletrabajo. "Fue una situación excepcional , que no se puede convertir en norma", dice en relación a las condiciones en que se ejecutó el teletrabajo durante esos días. "Hemos llegado a un acuerdo marco sobre cómo se debe funcionar el teletrabajo en la Administración y ahora corresponde su desarrollo. Estamos esperando a que nos llame el Gobierno porque hay que garantizar las condiciones adecuadas para que los empleados públicos trabajen desde sus domicilios".

Otro asunto es el de las carencias de personal de la Administración. "Nosotros hemos reivindicado una oferta público de empleo especial para el SEPE y la Seguridad Social ante las carencias de la plantilla.

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