Miles de mexicanos claman justicia en el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes

Los 43 'normalistas' de Ayotzinapa siguen desaparecidos. Hace ya un año que se perdió su pista en los límites de Iguala y, a pesar de la atención internacional y de las continuas promesas del Gobierno, apenas se han producido avances, lo que hace temer que estos estudiantes de magisterio alimenten aún más al monstruo de la impunidad en México.

Si algo ha quedado claro en estos doce meses es que el caso Iguala no es uno más. El Gobierno federal se vio obligado a asumir las riendas desde un primer momento -cuando hay cientos de casos similares que nunca se investigan- y las organizaciones de Derechos Humanos han escrutado cada paso.

Quizá sea por lo llamativo de una desaparición colectiva, y no gota a gota como están acostumbrados los mexicanos, por la juventud de las víctimas, veinteañeros o incluso menores, por el activismo inicial y sostenido en el tiempo de sus familias y amigos, o por el hartazgo social. Lo cierto es que el Gobierno de Peña Nieto ha podido sentir constantemente el aliento de una población asqueada por la pareja de hecho que forman políticos y criminales y de una comunidad internacional que se ha quedado sin excusas para mantener su silencio sobre México.

Para Naciones Unidas "es uno de los casos más graves de violaciones de Derechos Humanos en la historia reciente de México", por lo que es "fundamental" depurar "las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con su deber".

Los familiares de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa, desaparecidos hace este sábado un año, han señalado al Gobierno mexicano como el responsable del 'caso Iguala', y de hecho uno de los padres de los estudiantes ha tildado al Ejecutivo de "asesino" y "corrupto" en el discurso que ponía fin a la manifestación que ha recorrido el centro de la capital mexicana.

En esta misma línea, Felipe de la Cruz, otro de los familiares de los jóvenes desaparecidos, ha asegurado que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto ha sido cómplice de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de magisterio desaparecieron, tras haber sido retenidos por la Policía Municipal de Iguala, un municipio del estado de Guerrero.

"El Gobierno de Peña Nieto es cómplice de lo ocurrido. Vamos a seguir luchando porque si hoy nosotros nos callamos, ellos ganan ¡Esta pesadilla no tiene que volver a repetirse jamás!", ha asegurado De la Cruz, al término de la multitudinaria manifestación que llevaba por nombre 'Marcha de la Indignación'.

Una protesta que no ha podido comenzar en el lugar en el que estaba convocada, la residencia oficial del presidente de Gobierno, Los Pinos, debido a que una gran cantidad de policías antidisturbios ha cortado los accesos.

A pesar de que la lluvia ha acompañado a la manifestación durante buena parte del recorrido, una multitud de mexicanos ha salido este sábado a la calle para clamar Justicia por este caso y arropar a los familiares de los desaparecidos, que realizaron el recorrido entre gritos de '¡No están solos!'.La versión oficial

A ello se suma "la inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo" de una verdad oficial que hace aguas por todas partes, en palabras de Amnistía Internacional. Según el relato ofrecido por la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 'normalistas' desaparecieron en la madrugada del 26 al 27 de septiembre cuando viajaban en cuatro autobuses desde Ayotzinapa, su municipio, hasta el vecino Iguala para recaudar fondos para poder ir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre en México DF.

A la entrada de Iguala fueron interceptados por la Policía local por órdenes de María Ángeles Pineda, mujer del alcalde, José Luis Abarca, que no quería que los estudiantes de magisterio reventaran un acto oficial que tenía programado para ese día, como ya habían hecho en ocasiones anteriores. 'Normalistas' y policías se enfrentaron, éstos últimos haciendo uso de munición real, con un saldo de seis muertos y 25 heridos.

Los 43 jóvenes restantes son metidos en furgones policiales y entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, quienes a su vez los dejan en manos del cártel de Guerreros Unidos. Guerreros Unidos había recibido la información de que los jóvenes eran miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fusilan a los que quedan vivos y prenden fuego a sus cadáveres en el basurero municipal para después arrojar sus cenizas al río San Juan.La verdad de la CIDH

Este relato de los hechos, que nunca fue aceptado por las familias y amigos de los 43 'normalistas', que han seguido defendiendo incansablemente que siguen vivos ('vivos se los llevaron, vivos los queremos') ha sido desmontado por la CIDH.

Los investigadores regionales han determinado que no hubo un solo enfrentamientos entre 'normalistas' y uniformados, sino que se produjeron hasta nueve en los que, además de policías municipales, intervinieron miembros de la Policía Federal y del Ejército, a los que se les ha impedido interrogar con las garantías necesarias.

La CIDH ha sostenido que las autoridades mexicanas tenían plenamente identificados a los 'normalistas' y sabían que no iban armados ni pretendían boicotear el acto oficial de Pineda, de modo que fue un ataque deliberado a civiles. Además, para la CIDH resulta absolutamente imposible que los jóvenes fueran incinerados.

La Procuraduría sostiene que el fuego duró 12 horas, pero forenses independientes han determinado que se necesitarían 60 horas para quemar 43 cuerpos humanos y que la llama y el humo habrían alcanzado una altura de 300 metros, lo cual habría llamado la atención de los vecinos, que habrían dado aviso a Bomberos, algo que no ocurrió.

El dato más importante que señala la CIDH en su informe es la existencia de un quinto autobús que no aparece en ningún momento en el expediente de la Procuraduría, según la cual los 'normalistas' se desplazaron en cuatro autobuses hasta iguala.

La CIDH apunta que los estudiantes de magisterio se apoderaron de un quinto autobús cuyo conductor les dejó tirados a la entrada de Iguala, de modo que los demás autobuses se desviaron a esta localidad --que no sería su destino final-- para ayudar a sus compañeros.

La importancia de este quinto autobús reside en que podría ser clave para resolver el caso. Al parecer, existe una red de tráfico de heroína desde Iguala a Estados Unidos que usa líneas comerciales para mover la droga sin levantar sospechas. "El negocio que se mueve en Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque que sufrieron los 'normalistas'", ha sugerido la CIDH.

Pero, ¿qué ha ocurrido en este año desde la desaparición en Iguala?26 de septiembre de 2014

Un centenar de alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos parte del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hacia la vecina Iguala para recaudar dinero y poder asistir en la capital mexicana al aniversario de la matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Los cinco autobuses en los que viajan --tres de los cuales han tomado "prestados"-- son interceptados a las afueras de Iguala por la Policía municipal, dando lugar a un duro enfrentamiento que, en el balance oficial, deja seis muertos y 25 heridos.27 de septiembre

Las familias denuncian la desaparición de los otros 44 'normalistas' que iban en los autobuses. El procurador de Guerrero abre una investigación en la que dan con el paradero de uno de ellos: Julio César Mondragón, tiene la cara desollada y los ojos arrancados. La cifra de desaparecidos se reduce a 43.28 de septiembre

Las autoridades mexicanas dan la primera versión de los hechos. Establecen que los 'normalistas' fueron confundidos con el grupo de sicarios Los Rojos y el grupo rival Guerreros Unidos los ajustició.1 de octubre

Comienza a vislumbrarse la responsabilidad de las autoridades mexicanas. Detienen a decenas de policías municipales y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se da a la fuga.5 de octubre

El caso adquiere dimensión nacional y el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ordena abrir una investigación paralela a la llevada a cabo por las autoridades de Guerrero.8 de octubre

Miles de personas se concentran en el Zócalo de Ciudad de México para exigir verdad, en la primera de las muchas manifestaciones a las que daría lugar este caso.10 de octubre

Murillo Karam informa del hallazgo de cuatro fosas comunes cerca de Iguala. Las familias de los 43 'normalistas' reclaman la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).14 de octubre

La Procuraduría General de la República determina que los 28 cuerpos sin vida hallados en estas tumbas anónimas no pertenecen a los jóvenes desaparecidos. Continúa el descubrimiento de fosas comunes.17 de octubre

El supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, es detenido por la desaparición de los 43 'normalistas'. Ya hay decenas de arrestados entre sicarios y policías municipales de Iguala y de la cercana Cocula.22 de octubre

La Procuraduría General anuncia que el alcalde de Iguala y su mujer, María Ángeles Pineda, ordenaron atacar a los estudiantes de magisterio. Comienzan a revelarse los entresijos del caso.23 de octubre

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dimite ante la enorme presión social y los rumores que apuntan a que, igual que el matrimonio Abarca-Pineda, podría estar implicado.29 de octubre

Las familias de los 43 'normalistas' acuden a Los Pinos para reunirse por primera vez con Peña Nieto. Salen decepcionados de la reunión por la falta de respuestas.4 de noviembre

El alcalde de Iguala y su mujer son detenidos en una chabola de un barrio pobre de México DF. Son imputados y trasladados a distintas prisiones federales. Su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes ya es evidente.7 de noviembre

El caso da un vuelco. Murillo Karam convoca a la prensa en la sede de la Procuraduría General para dar la primera versión oficial de los hechos.

Los 43 'normalistas' habrían sido interceptados por la Policía de Iguala por órdenes de Abarca y Pineda, entregados a la Policía de Cocula para que ésta a su vez se los diera a Guerreros Unidos, que les habrían fusilado y quemado en el basurero de Cocula para después esparcir las cenizas por el río San Juan.

Murillo Karam también anuncia que enviarán las cenizas al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, especializado en analizar restos humanos con "un alto nivel de degradación".8 de noviembre

Las familias de los estudiantes de magisterio rechazan el relato de Murillo Karam. Sostienen que sus hijos están vivos y exigen la verdad.11 de noviembre

Los forenses argentinos dan a conocer las primeras conclusiones, según las cuales, ninguno de los cadáveres hallados en fosas comunes entre Iguala y Cocula pertenece a los jóvenes desaparecidos.12 de noviembre

Las familias de los 43 'normalistas' y el Gobierno llegan a un acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe en las pesquisas con un grupo de expertos independientes.27 de noviembre

Peña Nieto anuncia un decálogo de medidas para reformar la Policía y el Poder Judicial con el fin de evitar la infiltración del crimen organizado.6 de diciembre

Los forenses argentinos anuncian que uno de los restos mortales hallados en fosas comunes pertenece a uno de los 43 'normalistas', Alexander Mora Venancio, de 19 años.

Además, niegan públicamente la versión de la Procuraduría General porque no hay pruebas suficientes de que las cenizas encontradas en el río San Juan fueran incineradas en el basurero de Cocula.14 de enero de 2015

La Procuraduría General anuncia que todas las líneas de investigación del caso Iguala se han agotado. Para las autoridades mexicanas el crimen está resuelto.27 de enero

Ante el clamor popular por las prisas para cerrar el caso, Murillo Karam vuelve a comparecer en rueda de prensa para presentar supuestas "pruebas" -- testimonios de detenidos-- que respaldan la teoría del basurero de Cocula.1 de febrero

Policías y miembros de Guerreros Unidos denuncian que fueron torturados para que confesaran su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes. -7 de febrero

Los forenses argentinos vuelven a desmontar la versión oficial. Los restos hallados en el río San Juan no pertenecen a ninguno de los estudiantes de magisterio.27 de febrero

Murillo Karam es destituido y Arely Gómez, senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), toma el relevo al frente de la Procuraduría General y de la investigación del caso Iguala.15 de abril

Los expertos de la CIDH revelan la existencia de un quinto autobús que hasta ahora no había aparecido en las pesquisas del Gobierno mexicano.29 de julio

Comienza el análisis de la ropa encontrada en el lugar de los hechos, ante la insistencia de los expertos independientes de la CIDH.6 de septiembre

La CIDH desbarata la hipótesis de las autoridades mexicanas. Establece que los 43 'normalistas' no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula en las condiciones existentes el día de los hechos y denuncia graves irregularidades en la investigación oficial.16 de septiembre

Las autoridades mexicanas filtran a la prensa la posible identificación de otro de los estudiantes de magisterio, Jhosivani Guerrero de la Cruz.17 de septiembre

Los forenses argentinos determinan que la coincidencia genética no es lo suficientemente alta para hablar de identificación positiva de Guerrero de la Cruz.25 de septiembre

Peña Nieto vuelve a recibir en Los Pinos a las familias de los jóvenes y anuncia la creación de una Fiscalía especial para resolver casos de personas desaparecidas.26 de septiembre

Los 43 'normalistas' siguen desaparecidos, México aún espera la verdad.