Ministro peruano anuncia medidas de seguridad tras llegada de Orellana a Lima

Actualiza con sexto párrafo con ingreso a carceleta judicial

Lima, 14 nov.- La llegada a Perú del detenido Rodolfo Orellana, presunto cabecilla de una mafia de lavado de activos, ha generado la necesidad de adoptar una serie de medidas de seguridad para la fiscal que lo procesará y para que no evite ir a la cárcel, según explicó hoy el ministro del Interior, Daniel Urresti.

Orellana llegó hoy a Lima expulsado de Colombia, después de haber sido detenido ayer en la ciudad de Cali en una operación conjunta de la policía de ambos países, la DEA y la Interpol.

El empresario y abogado peruano es la cabeza de una enorme red mafiosa que estaba integrada asimismo por sus hermanos y otros familiares.

Ayer, en el momento en que Orellana era apresado en la casa de un familiar en Cali, su hermana Ludith también era detenida en la ciudad peruana de Huaral para desarticular a la organización, según precisó Urresti.

Orellana llegó al Perú esposado y con un chaleco antibalas y durante el viaje, de Bogotá a Lima, no cruzó ninguna palabra con el ministro ni con los jefes policiales que viajaron con Urresti para tramitar su expulsión.

El detenido pasó un examen del médico legista y fue conducido a la carceleta del Poder Judicial, donde un juez designará el penal donde será recluido.

En una rueda de prensa, el ministro peruano afirmó que la vida de la fiscal Marita Barreto, que viajó a Bogotá para tramitar su expulsión de ese país, "podía estar en peligro" debido al tipo de mafia y a la red que dirigía Orellana.

"Quiero brindarle y sugerirle al fiscal de la Nación, Carlos Ramos, que se traslade la oficina de la fiscal Barreto a las instalaciones de la Dirandro (Policía Antidrogas), donde le podemos ofrecer una oficina, a fin de que su protección sea más efectiva", declaró Urresti.

Asimismo, Urresti advirtió que "la mafia de Orellana se está moviendo y estarían pretendiendo que este señor termine en una clínica" para eludir la cárcel.

En ese sentido, el ministro solicitó al fiscal de la Nación que el examen legista que se realizará al detenido sea hecho por una junta de médicos.

"En Colombia se le ha verificado la salud y está sano, más sano que yo", afirmó el ministro peruano.

Urresti también dirigió un mensaje a los testaferros de Orellana, que serían alrededor de 30 en Perú, para que se conviertan en "colaboradores eficaces" y su identidad sea protegida por el Estado, a cambio de información que permita el avance del juicio que se abrirá en su contra.

Orellana fue detenido ayer en Cali, tras permanecer prófugo de la justicia desde julio pasado cuando la Fiscalía ordenó su detención, a raíz de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, contra él y una veintena de personas.

La expulsión de Colombia se produjo tras levantar Perú la orden de captura que pesaba sobre él, lo que permitió a la Fiscalía colombiana renunciar a iniciar otro proceso e iniciar los trámites para expulsarle, un procedimiento mucho más rápido que ha hecho que Orellana salga con destino a su país solo un día después de su arresto.

Para dinamizar el proceso, el ministro Urresti llegó a Bogotá en un avión de la FAP en el que el empresario fue luego trasladado a Perú, tras los trámites legales.

Orellana tenía 35 denuncias penales desde 2001, pero su caso salió a la luz pública este año cuando la Procuraduría encontró vínculos con la red de corrupción del encarcelado expresidente de la región Ancash, César Álvarez.

La procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, explicó que Orellana amasó una fortuna de 150 millones de soles (51 millones de dólares) por sus negocios en el sector inmobiliario, tala, minería ilegal y narcotráfico, entre otras actividades.

El detenido se apropió ilícitamente de inmuebles del Estado, utilizando a abogados, notarios y funcionarios, así como a unos 30 testaferros detectados hasta la fecha para registrar propiedades que pertenecieron a entidades públicas y privadas.

La red Orellana también creó un aparato encargado de amedrentar y difamar a periodistas, investigadores, jueces y fiscales que destaparon sus actividades, y en el cual estuvo actuando el abogado y exjefe policial Benedicto Jiménez, recientemente detenido en una cárcel de máxima seguridad.

Urresti fue preguntado en Bogotá por las declaraciones de Orellana que se consideró un "perseguido político", una afirmación ante la que el ministro se rio y afirmó que "más bien habrá querido decir que ahora que él hable van a caer políticos".