Lunes, 17.06.2019 - 15:36 h
Reivindican pérdidas millonarias

Minoristas del Popular se equiparan a los grandes fondos para litigar por separado

Víctimas de la debacle del banco alegan ante el juez que agruparles en otras direcciones letradas infringe el principio de igualdad y de legalidad.

Banco Popular
El juez agrupó las 103 acusaciones en 10 direcciones letradas. / EFE.

Los argumentos esgrimidos por el juez del caso Popular para agrupar las acusaciones de esta causa penal no han convencido a muchos minoristas que consideran que pasar a integrar parte de otras direcciones letradas supone un clarísimo menoscabo en su defensa. Esto esto es así porque el monto total que perdieron muchas víctimas de la debacle del banco que litigan de manera conjunta supera en muchos casos al invertido por los grandes fondos también personados en la causa. 

Desde que el magistrado José Luis Calama acordara limitar a un total de diez las acusaciones, han sido muchos los afectados que han recurrido su decisión argumentando que se infringe de esta forma el principio de igualdad y legalidad. El motivo, de acuerdo con algunos de los recursos remitidos al juzgado y recogidos por este diario, es que el criterio de la cuantía perdida no puede constituir en sí mismo un aspecto válido para otorgar la capacidad de defenderse por separado puesto que, en algunos casos, la pérdida conjunta alcanza los dos millones de euros. 

Se refieren los afectados a los parámetros que siguió el instructor de cara agrupar las acusaciones y evitar que la causa, que comenzó investigando la Audiencia Nacional en octubre de 2017, se eternice en el tiempo y devenga "ingobernable". Así fue como dio prioridad por un lado a los querellantes iniciales que aglutinan a miles de pequeños inversores que perdieron sus ahorros con la quiebra del banco, y, por otro a los grandes fondos. Calama también tuvo en cuenta la cantidad de inversores que representan los bonistas Pimco, Anchorage Capital y Cairn Capital así como las cuantías perdidas. 

Criterios económicos

Del mismo modo mantuvo la representación individual del Grupo Luksic, cuya inversión en Banco Popular superó los 100 millones de euros y a los que se dejaron más de un millón. Sin embargo, muchos minoristas no están conformes con este reparto y así se lo han hecho saber al magistrado apuntando que si se rige por aspectos económicos hay afectados que también tendrían derecho a litigar por separado. Así las cosas, no es la primera vez que trasladan su malestar al juzgado puesto que también recibió críticas el auto del instructor del pasado mes de abril en el que ofreció a las partes que se agruparan en un total de diez personaciones de manera voluntaria.

Ya en ese momento los minoristas reivindicaron su rápida adhesión al procedimiento penal -auspiciado a tenor de la interposición de querella por parte de algunas asociaciones de afectados y de la Fiscalía Anticorrupción- y su potestad frente a los grandes despachos para poder seguir pleiteando por separado. Los hubo que incluso que solicitaron la vista oral para resolver el asunto de las agrupaciones, sin embargo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 respondió que dicho trámite no era necesario de cara a resolver la agrupación de las 103 personaciones de esta macrocausa. 

El instructor tiene claro que el procedimiento contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho no puede avanzar si no quedan reducidas a un máximo de diez las acusaciones y así lo hizo saber en abril, tras incorporarse a la causa el informe pericial clave elaborado por el Banco de España. Con todo, dejó claro que no se iban a lesionar los derechos de rango constitucional como el de la tutela judicial efectiva. Sin obviar que los perjudicados que a partir de ahora quieran adherirse al procedimiento lo tendrán que hacer bajo el paraguas de una de las diez direcciones letradas de la causa. 

Este es una de las decisiones de calado que toma el magistrado desde que aterrizara en la causa para sustituir a Fernando Andreu. La otra fue la imputación formal del Banco Santander en calidad de heredero del negocio del Popular, si bien la Sala levantó esta imputación al considerar que no se le podía pedir responsabilidades penales, por el momento, de los hechos que se investigan en la causa y que son, por un lado, las posibles irregularidades en la ampliación de capital por 2.505 millones de euros en 2016 y, por otro, la presunta difusión de información falsa ya en la última etapa de vida del banco, lo que provocó el desplome del valor de la cotización. 

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