Lunes, 20.08.2018 - 17:08 h
Moción de censura al presidente del Gobierno

El jaque a Rajoy amenaza el relevo 'suave' a Linde y la tasa para pagar las pensiones

La moción de censura al Gobierno agría el clima político y acelera la amortización de la legislatura con cuestiones económicas clave aún por resolver

Rajoy Rivera Sánchez
Presión sobre Rajoy. Rivera exige la convocatoria de elecciones y Sánchez plantea una moción de censura / EFE

Prospere o no la moción de censura contra el presidente del Gobierno registrada a primera hora de este viernes por el Grupo Socialista lo que parece claro es que la sentencia del caso Gürtel ha marcado el principio del fin de la agitada XII legislatura de la democracia española, como se encargó de poner de manifiesto el líder de Ciuddanos, Albert Rivera, minutos después de que se conociera la resolución judicial.

El futuro del Gobierno se ha convertido ya en la cuestión fundamental de la política española y todo apunta a que como suele suceder en estos casos acabará imponiéndose ese Principio de Arquímedes de la política según el cual la irrupción de un tema mayor acaba desalojando del foco el resto de cuestiones en trámite. Los Presupuestos de 2018 ya están resueltos, pero hay un puñado de iniciativas y cuestiones clave del ámbito económico que debían sustanciarse en los próximos meses o incluso semanas y que la moción de censura puede acabar por bloquear.

La primera de la lista es la sucesión del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que el próximo 10 de junio acabará su mandato al frente del regulador y supervisor del sector financiero doméstico. Las fuentes consultadas por este periódico aseguraban durante los últimos días que el asunto se había encarrilado a través de una negociación bilateral PP-PSOE con dos elementos clave:  el visto bueno del PSOE a los perfiles planteados desde el Gobierno y que al menos uno de los dos miembros del 'ticket' gobernador-subgobernador sea una mujer. Está por ver como la moción de censura puede afectar a esta negociación que se debe resolver de manera inmediata.

El impuesto a las tecnológicas, la reforma de los reguladores...

El bloqueo político también puede traducirse en un incómodo problema presupuestario. Si como dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Ejecutivo financiará la subida general de las pensiones acordada con el PNV para sacar adelante los Presupuestos con la recaudación derivada de un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas, el deterioro del clima político no es una buena noticia. Antes de conseguir ingreso alguno por esa vía, el Gobierno necesita aprobar la ley que sostenga jurídicamente ese nuevo impuesto, algo que parece complicado con la oposición en bloque apuntando a la liquidación de la legislatura.

Otras cuestiones que se pueden quedar en el alero son la escisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos organismos distintos e independientes: uno que vele por preservar las mejores condiciones de competencia en el mercado y otro que se encargue de regular y supervisar los mercados con un funcionamiento más condicionado por el sector público; la reducción de las comisiones por cambiar de hipoteca y el endurecimiento de la regulación para desahuciar a una familiar de su vivienda que venía de la mano de la nueva Ley Hipotecaria; la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica que termine con la situación de insuficiencia financiera, reconocida ya oficialmente por Hacienda, de las arcas autonómicas; 

La regulación del cierre de centrales energéticas, en el aire

La incertidumbre política afecta en el sector de la energía a dos cuestiones clave para las empresas y los ciudadanos: la estrategia para hacer frente a la transición energética y el recorte de emisiones contaminantes, y el funcionamiento del mercado de la electricidad. Los Ministerios de Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Economía tienen en marcha iniciativas que quedan entre paréntesis, pendientes de la batalla política.

En el Congreso, el PP ha presentado una proposición de ley, impulsada por el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal para controlar el cierre de centrales eléctricas no sólo por razones de seguridad de suministro, como establece la ley del Sector Eléctrico, sino también por razones económicas. La proposición es la llave para intervenir en el mercado y mantener la producción nuclear. Ahora, queda en el aire.

Lo mismo sucede con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabajan, cada uno por su lado, los ministerios de Energía y de Medio Ambiente. La Ley debería ser el puente hacia la descarbonización y el cumplimiento de las exigencias medioambientales de la UE en las próximas décadas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, convocó durante seis meses a un grupo de 14 expertos para "armar" la ley. El grupo recomendó elevar la fiscalidad de los carburantes, una mayor apuesta por las renovables y mantener nucleares y centrales de gas como respaldo. La batalla política puede congelar una Ley que lleva un retraso de dos años y que el Congreso reclamó hace siete.

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