Pedro Sánchez podría convertirse este viernes en presidente del Gobierno si prospera la moción de censura que ha presentado. Los números dan: el PSOE necesita los votos favorables de PDeCAT, ERC y, sobre todo, PNV. Si los nacionalistas priman echar a Rajoy de La Moncloa y votan 'sí' al candidato socialista, un nuevo Ejecutivo con una política muy diferente tomará posesión. El propio Sánchez ya ha dejado clara cuál es su estrategia en caso de llegar a La Moncloa, una hoja de ruta marcada claramente en el programa con el que se presentó a las últimas elecciones generales, las del 26 de junio de 2016. Este sería su plan de Gobierno en materia económica.
Una de las prioridades para el PSOE, siempre según aquel programa electoral redactado hace dos años, es la derogación de la Reforma Laboral que aprobó el PP nada más llegar al Gobierno. Más tarde Ferraz ha dudado sobre si tumbarla totalmente es la opción más adecuada o si es mejor una modificación parcial de la misma, adaptándose a las tesis de su antiguo gurú económico Jordi Sevilla. Otra política urgente es un Pacto de Rentas, en vista de que la negociación salarial se encuentra estancada. Los socialistas proponen que los sueldos de todos los españoles suban entre el 2,5% y el 3,5% en los próximos años. "No puede haber un país rico con trabajadores pobres" es la máxima que aplican los socialistas para su propuesta.
Nuevos impuestos: bancos, vehículos a motor...
El PSOE también planteaba en su programa de Gobierno la creación de hasta media docena de nuevos impuestos. El principal es el famoso Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), una tasa -según los socialistas- "de base amplia, que incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera". Cuando Ferraz anunció esta propuesta ya se llevó la reprimenda de los grandes bancos, tal y como se contó en estas páginas, por la elevada deuda que acumula el partido con estas entidades.
Los socialistas plantean también "impulsar una fiscalidad ambiental" con los siguientes nuevos tributos: un impuesto sobre las emisiones de CO2, que se aplicará sobre las toneladas de CO2 que se emiten, discriminando entre empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; otro sobre los óxidos nitrosos (NOX); otro más sobre las emisiones de los vehículos de motor, que esté "basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo" y que será una "fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación"; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; y un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas.
Además, el PSOE de Sánchez propone reformar impuestos ya existentes para, según aseguraban en su programa electoral, convertirlos en "verdaderos impuestos medioambientales". A saber, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Canon de vertidos. Esta "fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las comunidades autónomas, varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares".
Cerco al Ibex 35
En el programa electoral del PSOE de 2016 también había reflejadas algunas medidas dirigidas a las grandes empresas del Ibex 35. Así, los socialistas pretendían "limitar las participaciones cruzadas entre grandes empresas y el número de consejos de administración que puede atender un consejero/a, así como reforzar el control y supervisión de las llamadas operaciones vinculadas entre la empresa y los consejeros". También proponía poner coto a las reelecciones de los consejeros independientes y obligar a una cuota mínima de mujeres del 40% en los órganos de gobierno de las compañías.
Sobre los salarios en el Ibex, el PSOE planteaba "revisar las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros/as" a través de una modificación de la Ley de Sociedades de Capital para que las retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración sean aprobabas en la junta de accionistas en un punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios.
Asimismo, proponía "medidas fiscales y de transparencia sobre las retribuciones variables desproporcionadas en los salarios de los directivos, desincentivando las retribuciones variables que superen las retribuciones fijas establecidas y las retribuciones desorbitadas en especie". Sánchez también era partidario de acabar con los blindajes en los contratos con dos medidas muy concretas: prohibiendo que se contabilicen como gastos deducibles y gravando dichas indemnizaciones excepcionales con un tipo adicional extraordinario del IRPF por las cantidades percibidas.
IVA, Sucesiones, Sociedades y Bankia
El PSOE proponía, asimismo, crear una Comisión de Expertos/as que revise todo el sistema impositivo español en el plazo de seis meses. Hasta entonces hablaban de "establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento"; reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación (revisando "las múltiples exenciones y bonificaciones), y estableciendo una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas que no hayan generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país; rebajar el IVA cultural en cine, teatro y música; y aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales, que pasarían a ser considerados bienes de primera necesidad.
Asimismo, Sánchez reflejaba en el mismo programa electoral que su prioridad era frenar la privatización de Bankia para "no malvender" el banco. Su planteamiento es que el Estado desinvierta "en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del valor". Respecto a la Sareb, los socialistas pretendían convertir 'el banco malo' en una entidad que creara un parque de vivienda social de alquiler al que pudieran acogerse familias desahuciadas de su vivienda habitual. "Impondremos condiciones estrictas y transparentes a la venta de sus activos inmobiliarios a fondos de inversión", defendía también Ferraz.
Lucha contra el fraude
En materia de lucha contra el fraude, el planteamiento del PSOE pasaba por incrementar en 5.000 empleados los efectivos de la Agencia Tributaria y su presupuesto. También proponía la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, así como la limitación del uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa. Una medida adicional era crear "un nuevo impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva".
🌹 @sanchezcastejon Tenemos que poner punto y final. La democracia no se puede atar a un gobierno que está bunkerizado. Un gobierno que se niega a reconocer la verdad: que su tiempo político se ha acabado. #UnaMociónPorDignidad pic.twitter.com/LjV9rKbPCt
— PSOE (@PSOE) May 28, 2018
El PSOE también pretendía hacer públicos "el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal", exigir a los bancos que informen sobre los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y endurecer el control sobre las Sicavs con las siguientes medidas: establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor, la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y dotar legalmente a Hacienda de competencias para supervisar e inspeccionar estas sociedades.
Otras medidas
En el mismo programa electoral de 2016, el PSOE de Pedro Sánchez proponía algunas medidas en beneficio de los autónomos, como acercar la cotización a la Seguridad Social a sus ingresos reales o que los trabajadores por cuenta propia coticen por los rendimientos netos que reciben y que el pago de sus cotizaciones sea trimestral. Asimismo, para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres su propuesta pasaba por potenciar las inspecciones de trabajo, incrementar las sanciones e impulsar un registro en todas las empresas en el que se reflejen de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla.
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