El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.
Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Gobierno asegura que las medidas que hoy se aplicarán para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son "garantistas" y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.
Y es la economía uno de los puntos que está en el filo de la navaja en Cataluña, y en el resto de España. El Gobierno alerta de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30% con una "coyuntura económica insostenible" y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general.
A juicio del Gobierno, la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes "gravísimas" no solo para los intereses de Cataluña sino para el interés general de España, e implicaría aislar una economía catalana que hoy está "plenamente integrada" en España y en la UE.
Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana y el abandono del acceso al crédito del BCE. Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña.
"La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña", avisa.
Incluso la creación de una moneda y un banco central propios resultaría "inviable", asegura, por el elevado nivel de déficit público lo que harían irremediable una "inflación desproporcionada" y una contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.
La pretendida independencia también tendría efectos negativos para la financiación pública con "tensiones presupuestarias" evidentes.
Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería muy limitada por la "erosión" de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y empresas, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea.
Sin embargo, los gastos se verían incrementados al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, "hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación".
Más allá de lo que sucedería con una hipotética independencia de Cataluña, el Ejecutivo constata que las pretensiones secesionistas ya "están motivando un serio deterioro del bienestar social y económico" en Cataluña.
Y recuerda que además de la progresiva fractura de la convivencia se han "puesto en riesgo" las condiciones para el crecimiento económico.
Subraya así que en las últimas semanas cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña, entre ellas, seis de las siete del Ibex35 y un gran número de empresas relevantes por su tamaño, tradición y arraigo social en Cataluña.
Recuerda, asimismo, la caída de las reservas turísticas, la disminución de pedidos de automóviles o la bajada de las ventas en las grandes superficies.
Desde el Gobierno se destaca también que dos de las principales agencias de calificación crediticia han alertado sobre la posible bajada de la nota de la Generalitat y los efectos negativos que puede haber en Cataluña, con una nueva recesión.
Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.
Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.
Un cometido "irrenunciable" desde la constatación de que las autoridades autonómicas "han ignorado" la legalidad vigente, al contravenir "abiertamente" sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.
"Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", aduce el Gobierno.
Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.
Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. "Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía", añade.
Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es "asegurar la neutralidad institucional" para que el principio rector de las instituciones sea el interés general.
Considera en este sentido que la Generalitat "ha obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos".
Y añade que "estos anhelos" soberanistas "no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes", ni pueden "traducirse en un discurso único de imposición de la independencia" como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.
Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar "siempre y en todo caso", en "favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte".
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