El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que reforma las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el real decreto la gestión de la incapacidad temporal (IT).
Así lo han señalado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La ministra ha destacado que la ley clarifica y sistematiza el régimen jurídico de las mutuas y ha añadido que mejora las prestaciones del sistema en beneficio de los trabajadores y previene los riesgos laborales.
Con esta reforma, la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud deberá comunicar a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de cinco días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación.
Si el Servicio Público de Salud desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días.
Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los 6 meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor.
En este periodo, en el caso de los Servicios Públicos de Salud será de 11 días, y en el del INSS serán 8.
El Gobierno calcula que la mejora de la gestión de la incapacidad temporal permitirá ahorrar en prestaciones 300 millones anuales.
Además, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico.
De este modo, si en plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal.
Los trabajadores no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger los partes, sino que este trámite estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico.
También se pretende favorecer a la empresa, ya que se reducen las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.
Así, a partir de ahora el parte de confirmación será de hasta cinco días de baja, y se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita médica.
Los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad del trabajador, su edad y su actividad laboral.
Se incluye también la regulación de la transmisión diaria por vía telemática de los partes de baja y alta desde los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas al INSS y de este organismo a las mutuas, cuando sean responsables de la protección del trabajador.
El texto regula la figura del presidente y se definen las retribuciones del personal directivo y las funciones del gerente.
El texto limita las cuantías con las que se constituirán las reservas de estabilización en cada ámbito de la gestión, con el objetivo de que el excedente de cotizaciones que acumulan las mutuas se reintegre a la Seguridad Social.
Esto liberaría más de 2.000 millones de euros procedentes de la regularización de la reserva de estabilización de contingencias profesionales que podrían destinarse a mejorar la liquidez del sistema.
El Gobierno dota con 3.795 millones de euros el Plan De Vivienda
El Consejo de Ministros también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la suscripción de colaboración entre Fomento y las Comunidades Autónomas para la ejecución del Plan Fomento de Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016.
Con esta actuación, se pone en marcha un plan, anunciado en abril de 2013, que, ha explicado hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor, movilizará 3.795 millones de euros, de los que 2.311 corresponderán a su departamento, 216 a las autonomías y 1.268 procederán de entidades privadas.
No obstante, con carácter transitorio Fomento ha mantenido las ayudas al alquiler y a la rehabilitación contenidas en plantes anteriores.
Con la batería de medidas previstas en el plan 2013-2016, se concederán 200.000 ayudas al alquiler, se rehabilitarán 50.000 viviendas, se subsidiará el pago de intereses de 230.000 hipotecas y se crearán 36.000 puesto de trabajo en tres años.
El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda de los sectores con menos recursos mediante el apoyo al alquiler, ha asegurado Pastor, quien ha subrayado que Fomento seguirá subsidiando sólo los préstamos hipotecarios correspondientes a planes anteriores -ya que este plan no contempla ayudas a la compra de casas-.
El programa de ayuda al alquiler irá dirigido a mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (indicador público de rentas múltiples) y para alquileres mensuales iguales o inferiores a los 600 euros.
"Hasta ahora nos encontramos con ayudas a personas que alquilaban viviendas de mil y pico euros y ahí entendemos que no está el problema", ha añadido Pastor, que ha recordado que las ayudas serán de hasta el 40 % de la renta con un límite de 2.400 euros al año y con prioridad para los afectados por desahucios.
En el marco del programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler las ayudas serán de 250 euros por m2 y un límite del 30 % del coste de la edificación hasta los 22.500 euros por vivienda.
Contará con dos líneas: vivienda de alquiler en rotación para personas necesitadas con rentas de 1,2 veces el iprem -precio alquiler inferior a 4,5 euros/m2-, y viviendas de alquiler protegido para familias con ingresos entre 1,2 y 3 veces el imprem -6 euros/m2-.
La rehabilitación de edificios irá destinada a inmuebles construidos antes de 1981 y las ayudas serán de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación y de 2.000 euros para mejora de la eficiencia energética.
El programa para renovación urbana (100 viviendas mínimo, salvo casos históricos degradados) tendrá una ayuda máxima del 35 % del presupuesto con un tope de 11.000 euros por casa rehabilitada.
En España hay más de 5 millones de viviendas con más de 50 años de antigüedad y que, en muchos casos no tiene ascensor, lo que dificulta la movilidad de los más mayores, ha subrayado Pastor
El accidente de tren en Santiago impulsa la Ley de víctimas de accidentes ferroviarios
El Gobierno ha aprobado además un real decreto ley que regula la asistencia "integral" y adecuada a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, y que duplica la indemnización que éstos reciben.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la norma establece protocolos para la coordinación entre los distintos agentes implicados.
Según Sáenz de Santamaría, el real decreto se enmarca en las 22 medidas que está desarrollando el Ministerio de Fomento para la mejora del sector ferroviario.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que el texto define las actuaciones que debe garantizar la Administración General del Estado.
Entre ellas destacan la comunicación a las embajadas de otros Estados de la existencia de víctimas de sus respectivas nacionalidades, la tramitación de visados y autorizaciones para la entrada y salida de los familiares y las víctimas, la expedición de forma "rápida" de documentos de identidad o viaje a las víctimas y familiares de nacionalidad española.
Asimismo, el Estado debe garantizar las medidas administrativas que permitan la repatriación de los cadáveres, previa autorización de la autoridad judicial; informar sobre la identificación de las víctimas, el alcance de la asistencia y los derechos que les asistan, especialmente a las personas con discapacidad.
El Real Decreto establece también el contenido "mínimo" de los planes de protección civil de las comunidades autónomas para asistir a los accidentados y sus allegados.
En dicho planes debe contemplarse la asistencia psicológica, la protección de la intimidad y dignidad, la habilitación de espacios privados para los familiares y para la colaboración con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y la prestación de todo tipo de información.
Por su parte, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras estarán obligados a facilitar información sobre las personas a bordo del tren accidentado, hacerse cargo del transporte y alojamiento de las víctimas y sus allegados, y del depósito y devolución de los efectos personales, algo que para Ana Pastor es muy importante.
Mediante una disposición adicional al Real Decreto, el Gobierno ha aprobado el incremento del baremo de indemnización que fija el Seguro Obligatorio de Viajeros.
Para Ana Pastor esta medida es "muy importante", ya que se llevaba bastante tiempo sin revisar las cuantías.
En caso de accidente ferroviario, la persona accidentada o los beneficiarios del seguro percibirán una indemnización que duplicará la contemplada actualmente y que no ha cuantificado la ministra.
El pasado 2 de julio, el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, anunció en el Congreso de los Diputados que, en el caso de fallecimiento, la cuantía pasará de 36.060 a 72.120 euros tras el accidente de tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en las inmediaciones de Santiago de Compostela.
El Gobierno ha aprobado otro real decreto para modificar la norma que regula el funcionamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf).
Se amplia la duración del mandato de 4 a 6 años, se elimina la posibilidad de la reelección para el cargo y se crea la figura del vicepresidente, al mismo tiempo que se específica de manera expresa los supuestos de cese y las funciones del presidente y el secretario.
El equipo de investigación será designado para cada siniestro por el presidente de la Comisión y se podrá recurrir a peritos internos o externos.
Se establece un plazo de 15 días para hacer observaciones al informe sobre el suceso y las investigaciones efectuadas.
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