El Gobierno con más asesores y más altos cargos designados de forma discrecional de la historia reciente de España va a ser también el que dé el primer paso en la instauración de un mecanismo de selección de altos cargos públicos que aparque la arbitrariedad en beneficio de la valoración del mérito y la capacidad. El laboratorio de ensayo van a ser las nuevas agencias estatales, la tipología de organismo público creado en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, que luego el Gobierno de Mariano Rajoy liquidó en 2015 y que ahora Pedro Sánchez tiene la intención de reimplantar aprovechando el Real Decreto de medidas de agilización de la Administración Pública para garantizar una ejecución ágil de los fondos europeos.
La norma redactada por el Gobierno, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2021, prevé incluir dentro de la regulación del Régimen de Personal de las nuevas agencias estatales un mecanismo revolucionario para la designación de los directivos de este tipo de organismos públicos. El esquema se inspira en el modelo portugués y plantea resolver la provisión de estos puestos de especial responsabilidad a partir de la propuesta motivada de un órgano de selección especializado que presentará tres candidatos elegidos en función de los méritos acumulados y la capacidad demostrada para el puesto en cuestión. La elección del mejor candidato se dejará después a los máximos responsables de la agencia, pero siempre a partir de la terna planteada por un órgano de selección especializado.
El planteamiento previsto en la norma perfila por primera vez un mecanismo reglado para la selección de directivos públicos mediante un procedimiento de evaluación específica del mérito y la capacidad, pero también deja los suficientes flancos abiertos como para provisionar esas plazas por otros procedimientos menos garantistas. De hecho, la norma no establece este mecanismo de selección como el único posible e incluso abre la puerta a que determinados puestos de responsabilidad puedan cubrirse por régimen laboral mediante contratos de alta dirección, aunque para que esto sea así se deberá especificar en los estatutos de la agencia en cuestión.
Otro elemento controvertido es que no se reserven esos puestos de alta dirección a personal funcionario. La norma fija que los puestos directivos deberán cubrirse atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, mediante un procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad, y entre titulados superiores "preferentemente funcionarios". La fórmula recuerda a la que se establece para la ocupación de los puestos de director general para abajo dentro de la estructura del Gobierno, de actualidad en los últimos meses por la causa abierta por la federación que agrupa a las asociaciones de cuerpos superiores de la Administración (Fedeca) ante el Tribunal Supremo por el abuso por parte del Gobierno de la excepción que permite ocupar estos puestos con personal no funcionario, y que ha sido utilizada de manera masiva por los ministerios, especialmente por los de Podemos.
Con todo, el mecanismo previsto para la selección de directivos en las agencias estatales avanza en la dirección reivindicada desde hace tiempo por los cuerpos superiores de la Administración, que reclaman un sistema de provisión de puestos directivos dentro de la Administración Pública que valore el mérito y la capacidad de los funcionarios y se acople dentro de la carrera profesional de éstos. Fedeca aboga por la traslación a España del modelo implantado con éxito en Portugal, en el que es una Autoridad Independiente la que se encarga de seleccionar la terna de aspirantes al cargo de entre los funcionarios con una carta de servicios más brillante. La selección del candidato continúa dependiendo del ministro de turno o del máximo responsable del organismo en cuestión, pero se aplica un filtro de entrada que al menos garantiza que la persona que acceda a ese cargo acredite una competencia destacada para el mismo.
"La clave, no obstante, será que el órgano que seleccione a los candidatos tenga un nivel de independencia suficiente para elegirlos según sus méritos y su capacidad", observa el presidente de Fedeca, Jordi Solé, al tiempo que advierte de que si no es así el mecanismo no será más que una forma diferente de hacer lo mismo y poco se habrá avanzado.
La propuesta que Fedeca lleva defendiendo desde hace años va más allá y plantea que los ceses no dependan de los superiores sino del desempeño de cada alto cargo, y que las causas para prescindir de un directivo público estén tasadas. Nada de eso aparece en la propuesta del Gobierno para la selección de los futuros directivos de las agencias estatales, cuyo cese será responsabilidad "del Consejo Rector a propuesta de los órganos ejecutivos", es decir, tal y como sucede en la actualidad con los nombramientos de libre designación.
El Gobierno sí introduce una novedad en el esquema retributivo de los altos directivos de las agencias públicas, que establecerá una parte variable a través del complemento de productividad, ligada a su rendimiento. Éste se medirá a partir de una evaluación del desempeño, que la norma sujeta a "criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados" y que, aparentemente, no se basará en una evaluación subjetiva, sino en el cumplimiento o no de unos objetivos fijados previamente.
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