La reorganización interna abordada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el proceso de configuración de su segundo gabinete de gobierno - tras la victoria electoral en las elecciones generales de junio de 2016 - ha elevado la nómina de cargos de confianza designados por el Ejecutivo a su cifra máxima desde que el PP asumió la responsabilidad de Gobierno a principios de 2012.
Según los datos oficiales publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la cifra de personal eventual al servicio de los ministerios, en el que se encuadran los asesores de libre designación y que no provienen de la carrera funcionarial, también conocidos en su fórmula más despectiva como cargos nombrados a dedo, se situó en julio de 2017 en 595, lo que supone la cifra más alta de toda la era Rajoy, que llegó al Gobierno en 2012 comprometiendo una reducción drástica de los cargos de libre designación.
Los 595 cargos de confianza recogidos por el Registro Oficial se sitúan, bien es cierto, por debajo de los 641 que había en la recta final de la era Zapatero. El primer dato disponible de la etapa de gobierno de Mariano Rajoy corresponde a enero de 2012 y muestra una nómina de eventuales de 503, si bien a esas alturas ni siquiera se habían configurado los equipos de gobierno y buena parte de los asesores de confianza estaban aún por designar. Seis meses después esa cifra se situaba ya en 571 aunque acabó la legislatura en el entorno de los 590.
El último dato disponible, correspondiente a enero de 2017, mostraba una cifra de eventuales de 566, si bien nuevamente ésta estaba condicionada por la demora a la hora de configurar los equipos de Gobierno. Muchos secretarios de estado no tomaron posesión de sus cargos hasta bien entrado el mes de noviembre o incluso diciembre y esa tardanza retrasó también la incorporación de cargos de confianza, que suelen ser designados de forma directa por los jefes de gabinete de ministros y secretarios de Estado, cuando no directamente por los cargos políticos. Hecho, éste último, que está en el origen de la desconfianza que genera este sistema de designación de personal, máxime cuando acceden a sueldos que se sitúan en los tramos más altos de la Administración.
El 70% de los cargos de confianza, al servicio de Soraya
La reestructuración de Gobierno abordada por Mariano Rajoy para su segundo mandato ha tenido como efecto devenido la mayor centralización que se recuerda de asesores externos en el núcleo operativo del Palacio de la Moncloa. Los datos del Boletín Estadístico de Personal del Ministerio de Hacienda revelan que 427 de los 595 cargos de confianza reclutados por el Gobierno (más del 70%) dependen del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que dirige Soraya Sáenz de Santamaría. En enero de 2015, por ejemplo, ese porcentaje ni siquiera llegaba a la mitad. El principal 'perjudicado' de este movimiento ha sido el Ministerio de Hacienda.
El fenómeno tiene una razón de ser. Según explican desde el propio Ministerio de Hacienda, la reestructuración ministerial derivada de la segunda victoria electoral de Mariano Rajoy trasladó del Ministerio de Hacienda al de Presidencia las competencias de control sobre el área económica y de supervisión contable de la administración periférica y con ellas un nutrido grupo de más de un centenar de personal eventual que contribuyen a realizar estas tareas. ¿El resultado? Hacienda ha pasado de tener una nómina de 149 asesores externos en enero de 2015 a presentar una docena el pasado mes de julio, mientras que Presidencia ha pasado de tener 291 a asalariar 427 asesores de confianza.
Los cargos de confianza han arrastrado históricamente el estigma de ser nombrados de forma arbitraria, "a dedo", por los cargos políticos y más por razones de sintonía ideológica que por competencia profesional. La realidad es que la mayoría de las veces no es así. De hecho, las principales organizaciones de funcionarios no reivindican su supresión sino un mayor control sobre los nombramientos para garantizar que, como sostiene la ley, solo se recurra al nombramiento de asesores ajenos al ámbito funcionarial cuando el perfil requerido no pueda encontrarse en la plantilla de la Administración. Algo que no siempre sucede.
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