El Gobierno estudia junto con las autoridades europeas y el resto de socios la viabilidad y rentabilidad de impulsar nuevas interconexiones gasísticas para asegurar el suministro tras la invasión rusa de Ucrania, pero pone condiciones. Concretamente, condiciona la apuesta por nuevos proyectos de interconexión gasísticos a que sea una infraestructura de larga vida útil, a que se financie con fondos europeos y no suponga un cargo ni para el contribuyente ni para el consumidor de gas español, y que esté preparada para poder transportar gases renovables e hidrógeno verde.
Así lo ha explicitado en una respuesta, recogida por Europa Press, a las preguntas lanzadas por diferentes diputados de PP y Vox acerca de los planes del Ejecutivo por reactivar sus interconexiones gasísticas con Francia, especialmente el gasoducto transpirenaico del Midcat. Sin embargo, tal y como señala el Ejecutivo en su respuesta, los supervisores francés y español acabaron por desechar la viabilidad del proyecto, advirtiendo en 2018 de que la configuración y las capacidades presentadas no cumplían con las necesidades del mercado y carecía de madurez suficiente como para apostar por ella, igual que el análisis coste-beneficio realizado por una consultora independiente a solicitud de la Comisión Europea.
Con la invasión rusa de Ucrania y la consecuente crisis energética, el Gobierno entiende la necesidad de valorar con el resto de socios la idoneidad de aumentar la capacidad de interconexiones gasísticas, entendiendo el actual contexto geopolítico como también el horizonte de descarbonización y neutralidad climática. En este sentido, de cara a aumentar la seguridad energética de la Unión, España estudia junto con las instituciones miembros y el resto de países la viabilidad y la rentabilidad de infraestructuras que aseguren la seguridad de suministros, asegurando que el coste, incide el Ejecutivo, "cuente con el respaldo adecuado a nivel europeo".
Para apoyar un proyecto, el Ejecutivo exige que esta interconexión tenga prevista una larga vida útil y esté preparada para asegurar su viabilidad comercial a lo largo del tiempo, formando parte de una acción concertada a nivel europeo y con una conexión adecuada en Francia. Además, debe estar financiada como proyecto de interés europeo, ya que su función principal es la de colaborar en la seguridad de suministro de los estados del centro y norte de Europa.
"Su coste no debe recaer ni en el contribuyente ni en el consumidor de gas español", subraya el Gobierno, que destaca cómo los consumidores industriales españoles "ya pagan por esta seguridad de suministro respecto a sus competidores europeos, dado que las instalaciones de regasificación forman parte de los elementos incluidos en sus facturas". Finalmente, el Gobierno pone como condición que la infraestructura esté preparada, desde el punto de vista de seguridad y requerimientos técnicos, para poder transportar en el futuro, y con cada vez mayor frecuencia, gases renovables y, posteriormente hidrógeno verde.
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