El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente lista la proposición de ley con la que creará los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas para gravar los "beneficios extraordinarios" de las grandes empresas de ambos sectores. La iniciativa será registrada por los grupos parlamentarios que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pero ha sido fraguada en el departamento que dirige María Jesús Montero. La clave en este momento se encuentra en cómo el Ejecutivo prevé evitar que las compañías trasladen al cliente final estas nuevas tasas, una información de momento que sólo conocen unos pocos.
Será una proposición de ley que el PSOE define como ambiciosa, con la que Pedro Sánchez quiere dejar su impronta en el intenso año político y económico que se avecina. Pero en Unidas Podemos quieren llegar lo más lejos posible para que la iniciativa no se diluya. Fuentes gubernamentales ofrecen información sobre los detalles de esta norma que aspiran convertir en ley por el procedimiento de urgencia, a lo largo del último trimestre de 2022. En primer lugar, lo que el Ejecutivo tiene claro es que se considerarán "beneficios extraordinarios" aquellos obtenidos consecuencia, por ejemplo, del incremento de los precios energéticos o de la subida de los tipos de interés. Se descarta un recargo en Sociedades.
La prioridad para el Gobierno es que esos impuestos no sean repercutidos en el cliente final en forma de un recargo o de comisiones. Para ello, siempre según fuentes implicadas en la elaboración de la proposición de ley, el propio texto que se registrará contemplará que las empresas tendrán "prohibido" trasladar a los usuarios el coste de las medidas. ¿Cómo se prohibirá? Ahí se centra el debate. Unidas Podemos propuso reformar el Código Penal para introducir un nuevo artículo en el que los administradores de las empresas podrían responder ante los tribunales, penalmente o con su patrimonio, si son condenados por estas prácticas. Hacienda ya lo ha descartado.
Las opciones que el Ministerio de María Jesús Montero pone sobre la mesa pasan por reforzar los organismos reguladores con el objetivo de evitar este tipo de prácticas. Así, en el caso de las energéticas, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien efectúe esa función fiscalizadora, como ya viene haciendo. En el caso de los bancos, el organismo que debería encargarse de esta misión podría variar, apuntan las mismas fuentes.
En este momento Hacienda maneja varias opciones. Una podría ser reforzar la CNMC, que no tiene experiencia en este tipo de cuestiones, admiten las mismas fuentes. Otra podría ser ampliar las funciones del Banco de España para que se encargue de vigilar si se trasladan los costes del impuesto al cliente final. Todo esta sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que se trata de una proposición de ley y que el Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas que lleguen a lo largo del año de los diferentes grupos parlamentarios para definir el modelo fiscalizador final.
Lo que no está contemplando el Gobierno en este momento es modificar el régimen sancionador actualmente en vigor. En la citada proposición de ley no se incluirá, por tanto, un incremento de las sanciones económicas, que varían en función de la infracción cometida. Este es uno de los apartados que podría sufrir modificaciones durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa, ya que UP quiere endurecer el régimen contra los infractores.
Los impuestos específicos a la banca y las energéticas serán temporales, durante los dos próximos años, y generarán una recaudación adicional de 7.000 millones, según los cálculos de Hacienda. El anuncio fue aplaudido por UP, pero con el paso de los días esa satisfacción fue tornando en expectación y, más tarde, en preocupación. Los socios del PSOE no han tenido hasta este martes un papel con la concreción de las nuevas figuras fiscales. Se abre ahora una negociación exprés que se completará durante el trámite parlamentario.
El Gobierno ascendió al frente de la CNMC a Cani Fernández, antigua asesora en Presidencia del Gobierno desde la etapa de Iván Redondo. Se engrasaban así las relaciones con el regulador. La última gran investigación de Competencia ha sido la de los precios de la gasolina, para conocer si se ha repercutido la bonificación estatal en los precios. La conclusión fue que no, que apenas se detectó "anomalías en cien de las más de 12.000 gasolineras españolas", declaró la propia Fernández.
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