El encaje de bolillos que han tenido que tejer los negociadores del Partido Socialista y Unidas Podemos para alumbrar la nueva 'macroestructura' del Gobierno de coalición de las izquierdas ha dado con los huesos de algunas competencias y unidades de importancia crítica para el funcionamiento del país en una suerte de limbo a caballo entre las atribuciones de dos o incluso más ministerios distintos. Los casos más significativos son los de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con vinculaciones competenciales a los ahora escindidos ministerios de Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las competencias en materia de impulso a la investigación, repartidas también entre Ciencia y Tecnología y Universidades; o las de coordinación de la Seguridad Alimentaria, en las que participan Consumo, Sanidad y Agricultura.
Ante la posibilidad de que surjan tensiones y choques competenciales en estos ámbitos que tienen como característica más singular que 'enfrentan' a ministerios dirigidos por socialistas con otros bajo responsables de Podemos, el Gobierno se ha inspirado en el modelo de la concertación social para impulsar la creación de 'comisiones paritarias' -como las que constituyen las empresas y los representantes de los trabajadores para hacer seguimiento de lo pactado en los convenios colectivos- para coordinar las políticas en esos ámbitos y resolver de forma discreta los conflictos que puedan surgir en los mismos.
Según la redacción que se recoge en el Real Decreto que establece la estructura básica de los ministerios, que se ha publicado este miércoles en el BOE, el Ejecutivo justifica la creación de estos 'órganos de coordinación paritaria' por la necesidad de "acordar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el funcionamiento cohesionado" en estos órganos y ámbitos competenciales.
El enrevesado caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El decreto ha despejado la incógnita sobre el modo en que se va a gestionar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tras la separación de las áreas de Trabajo y Seguridad Social en dos ministerios distintos, los inspectores habían quedado 'en tierra de nadie'. Su destino era uno de los grandes escollos a resolver en las negociaciones entre Sánchez e Iglesias para acomodar a Yolanda Díaz en la estructura de la coalición, ya que ésta consideraba crítico disponer de mando en el organismo.
Finalmente, el organismo autónomo va a quedar adscrito orgánicamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, y funcionalmente a este Ministerio y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "en el ámbito de sus respectivas competencias", lo que apuntala la nueva doble alma que va a tener el organismo
Este encaje era el preferido por los inspectores, que desde que conocieron que el Ministerio quedaría partido en dos han venido insistiendo en que, aunque dependan de Trabajo, deben conservar el acceso a las bases de datos de la Seguridad Social que controla José Luis Escrivá, porque es allí donde comienza la relación laboral, con el alta del trabajador, y por tanto esta herramienta es fundamental para vigilar que las empresas cumplen la legislación vigente. El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social hubiera preferido que esa dependencia funcional se ampliara también al Ministerio de Igualdad, donde tienen amplias competencias, según explica su presidenta Ana Ercoreca.
Desdoblamientos para contentar a Podemos
El Decreto de estructura del nuevo Gobierno permite percibir cómo ha evolucionado la distribución interna de competencias entre organismos para dar encaje a los cuatro ministerios que controla la formación liderada por Pablo Iglesias. La primera evidencia es que hoy hay cuatro ministerios donde hace un par de meses había un puñado de unidades de decisión repartidas en diferentes carteras que a duras penas hubieran configurado un ministerio por sí mismos, con una estructura total de tres secretarías de estado, dos Subsecretaría, una Secretaría General y ocho direcciones generales, equivalente más o menos a la estructura del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.
El ejercicio de dar empaque al perímetro competencial entregado a los ministros de Podemos ha exigido desdoblar direcciones generales, como la antigua Dirección General de Infancia y Familia que ahora se ha dividido en Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la de Diversidad Familiar y Servicios Sociales; acuñar algunas nuevas, como la Dirección General de Derechos de los Animales y la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, o la de Consumo; o la de subir de rango a organismos antes menores como la Secretaría General de Consumo o la Subsecretaría de ese mismo Ministerio. Además, el área de Podemos ha asumido alguna nueva competencia como todas las relacionadas con la ordenación del juego -bajo el ministerio de Alberto Garzón- o la Agenda 2030, antes bajo supervisión directa de Presidencia del Gobierno.
Refuerzo a Calviño, Ribera...y a Ábalos
Al margen de esas dos competencias puntuales que han pasado de ministerios controlados por el PSOE a otros dirigidos por miembros de Podemos, la parte del león de la reestructuración competencia interna se ha producido dentro del área socialista. Las principales ganadoras en este apartado han sido la nueva vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, muy de actualidad en las últimas horas por sus cuitas con Jordi Sevilla, que han dado con éste fuera de la Presidencia de Red Eléctrica de España.
A Calviño con la Vicepresidencia le ha caído también otra Secretaría de Estado, la de Digitalización e Inteligencia Artificial, que aglutina competencias que hasta la fecha estaban entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Pedro Duque y el de Política Territorial y Función Pública, en todo lo que hace referencia a la digitalización de la Administración. Ribera integra la estructura de lo que hasta hace unos días era el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, que estaba bajo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y lleva a Transición Ecológica una nueva dirección general. El Ministerio de Ribera también ha desdoblado las competencias en materia de evaluación ambiental y biodiversidad que antes estaban en una sola dirección general y ahora tendrán cada una su unidad propia.
El otro Ministerio que sale reforzado en sus competencias en la nueva configuración es el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -el Ministerio de Fomento de toda la vida-, que con esta nueva denominación ha ganado también dos nuevas direcciones generales, una de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, que está llamada a gobernar el proceso de liberalización de la alta velocidad; y una nueva DG de Agenda Urbana y Arquitectura, que tendrá como principal reto desarrollar ese concepto aún poco determinado de la 'agenda urbana'.
También ha habido 'baile de competencias' entre ministerios socialistas. La política migratoria ha salido de Exteriores para aterrizar en el nuevo Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá; la competencias sobre memoria histórica salen de Justicia para ir a la Vicepresidencia de Carmen Calvo, que además le dará rango de Secretaría General (antes era una dirección general); mientras que la gestión y ordenación de las pensiones públicas salen de Función Pública y 'alimentan' las competencias de Seguridad Social.
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