El Gobierno ha expresado su respeto al anuncio del rey Juan Carlos de trasladarse fuera de España y ha subrayado su reconocimiento al "sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI" desde su llegada a la Jefatura del Estado. Con este mensaje han valorado desde la Secretaría de Estado de Comunicación el anuncio de la Casa del Rey, difundido este lunes, de que el monarca emérito se trasladará a vivir fuera del país.
Don Juan Carlos ha transmitido a Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, ha informado este lunes el Palacio de la Zarzuela en un comunicado.
El comunicado explica que don Juan Carlos ha enviado a su hijo una carta en la que le traslada esa decisión, que asegura que adopta "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad". Felipe VI ha transmitido a su padre "su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión".
Seguirá conservando el tratamiento
Juan Carlos I va a seguir siendo miembro de la Familia Real y a conservar el título de rey que se le reconoció tras la abdicación, por lo que su estatus se mantiene invariable a pesar de su decisión de irse a vivir fuera de España, han informado a Efe fuentes de la Casa Real.
Cuando cedió el trono a su hijo Felipe en junio de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que establecía que el anterior jefe del Estado conservaría el título de rey de forma vitalicia y con carácter honorífico, con tratamiento de "Majestad", una fórmula para "plasmar la gratitud por décadas de servicios a España".
De igual modo, se mantenía como miembro de la Familia Real, al igual que la reina Sofía, a pesar de su retirada de la vida pública y de la actividad institucional en junio del pasado año. Otro de los cargos que don Juan Carlos sigue atesorando es el de capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, condición que asumió cuando cedió a su hijo el papel de jefe supremo de los Ejércitos.
En cuanto a su estatus jurídico, Juan Carlos I conserva su aforamiento, por lo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014. El rey emérito pasó a ser aforado cuando perdió la inviolabilidad que le concedía su cargo de jefe de Estado.
Su marcha de España no afecta a la asignación del Estado, puesto que dejó de recibirla el pasado 15 de marzo, después de que Felipe VI decidiera retirársela al mismo tiempo que renunció a su herencia.
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