Los anuncios semisorpresa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de comenzar a tramitar la petición de indultos a los líderes del 'procés' y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -iniciativa que llegará a consejo de ministros en las próximas semanas y que, entre otros aspectos, otorgará a los fiscales y no a los jueces las investigaciones- y del Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición, ha revolucionado el tablero político nacional. Las declaraciones en la sesión de control en respuesta a la portavoz de JxC, Laura Borràs, mientras Pedro Sánchez volaba a Bruselas no fueron casuales. Es más, estaban totalmente monitorizadas por Moncloa que, a la vez que ultima estas iniciativas, se encuentra buscando cuadrar el sudoku de los Presupuestos y los apoyos necesarios para amarrar la legislatura. Todo es concomitante.
El movimiento busca el "reencuentro", la "reparación", dicen fuentes de Moncloa, con un independentismo al que Sánchez lleva cortejando desde que llegó a la Presidencia y que se enfrenta a una convulsión impredecible en los próximos días. La sentencia que, previsiblemente -al menos así lo piensan en el Gobierno centro-, inhabilitará al president Quim Torra amenaza con alterar una calma chicha mantenida durante las últimas semanas entre Moncloa y el Palau de la Generalitat. El fallo del Tribunal Supremo tendrá unas consecuencias incalculables, de forma que el anuncio del Ejecutivo central ha de enmarcarse en este marco: se esperan días y semanas de alta tensión en Cataluña.
Pero Moncloa sabe que el independentismo está dividido y que en ERC no terminan de conculcar con las decisiones que toman Torra y Carles Puigdemont. Lo ha dejado meridianamente claro su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, achacando a sus socios de Govern la paralización de la mesa bilateral con el Gobierno central. Por eso fuentes del Gobierno enmarcan el anuncio de los presos y las reformas legales en un movimiento dirigido hacia los de Oriol Junqueras. Desde el Ejecutivo aseguran que las iniciativas no tienen nada que ver con los Presupuestos pero está claro que la música lleva la letra de las cuentas públicas, claves para avanzar en la legislatura.
Desde Moncloa enfrían la posibilidad de posibles indultos a corto y medio plazo. En primer lugar porque la tramitación de los mismos es un mera cuestión preceptiva que el Ministerio de Justicia está obligado a tramitar. En segundo lugar porque solo dos reclusas, Carme Forcadell y Dolors Bassa, tienen en este momento la posibilidad de recibir por parte del consejo de ministros esta medida de gracia. El resto de reclusos, incluido el propio Junqueras, aún no han movido ficha y, es más, han manifestado que volverían a hacer lo que hicieron aquel 1 de octubre.
Más importancia dan en el Gobierno de Sánchez a la reforma del Código Penal que pretende modificar los delitos de sedición y rebelión. Se trata, aseguran las fuentes gubernamentales consultadas, de avanzar en el "marco reparador" que la propia Moncloa fijó en febrero con la llamada "Agenda para el Reencuentro". Y ahí los ojos están puestos en ERC, el partido con el que ya ha habido avances de cara a la clave de bóveda de la legislatura, los Presupuestos Generales del próximo años.
Desde Moncloa enfrían la posibilidad de posibles indultos a corto y medio plazo
Mayoría parlamentaria, creen en el Ejecutivo, hay para llevar a cabo estas reformas, especialmente la del Código Penal. Hay que recordar, además, que en esa "Agenda para el Reencuentro" que Moncloa llevó a la primera mesa bilateral únicamente se reflejaba un compromiso genérico de "evitar la judicialización de la política". "La existencia de la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo y su búsqueda de soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica", escribió Moncloa. Ahora dan un paso más pensando en sus socios de investidura.
Para modificar el Código Penal el presidente y el ministro de Justicia cuentan con el apoyo cerrado de Unidas Podemos. Los morados son favorables a la decisión e, incluso, antes del inicio de la pandemia movieron ficha para acelerar los trámites legislativos de una promesa que ya estuvo plasmada en el acuerdo de Gobierno sellado entre Sánchez e Iglesias en diciembre.
Fuentes de ERC valoraban ayer con moderada satisfacción el anuncio del Gobierno. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, descartada que se tratara de un "gesto" por parte de Madrid y se refería a un mero trámite que marca la ley. En esto coinciden con Moncloa. En privado, en cambio, los republicanos sí que mostraban empatía con el movimiento, por pequeño que sea. Lo ven como un intento de atemperar la situación ante el tsunami que se avecina.
El indulto es un derecho de gracia regulado en la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que corresponde a Su Majestad el Rey y cuya tramitación es competencia del Ministerio de Justicia. Su efecto es la extinción de la responsabilidad criminal, aunque también puede consistir en la conmutación o sustitución de las penas impuestas por otras menos graves. En ningún caso el indulto comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito.
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