La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido esperar a mantener una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, para dar a conocer el mecanismo mediante el cual pretende resolver el grave problema de caja que se les presentaba en el horizonte a la Comunidad Valenciana y también a la Región de Murcia por la no actualización de las entregas a cuenta vinculadas al sistema de financiación autonómica.
El problema es conocido y ha sido uno de los culebrones del verano. Hacienda se escuda en un informe verbal de la Abogacía del Estado para retener el pago a las comunidades autónomas de Régimen Común -es decir, todas menos las haciendas forales de País Vasco y Navarra- de los 4.700 millones de euros que se derivarían de la actualización de las entregas a cuenta previstas en los Presupuestos de 2018.
Según el sistema de financiación autonómica, éstas se deberían haber actualizado en relación al incremento esperado de los ingresos tributarios de 2019, pero como el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no prosperó esa cifra no se actualizó, y como acto seguido se convocaron las elecciones generales y el Ejecutivo ha estado en funciones desde entonces, no ha tenido las atribuciones para realizar el acto administrativo -un Real Decreto Ley- que le podría permitir actualizar esas cantidades. ¿El resultado? Las comunidades autónomas de régimen común continúan recibiendo los pagos a cuenta según los parámetros de 2018, lo que les ha generado un agujero de financiación de 4.700 millones de euros. Éste no ha resultado demasiado problemático para las comunidades autónomas que tienen sus cuentas saneadas, pero sí ha dañado seriamente la tesorería de las que están en peor situación financiera: la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
'Créditos blandos' para blindar la tesorería
Los 84 millones de euros 'bloqueados' a la Región de Murcia a cuenta de esta situación y los 450 millones de euros retenidos a la Comunidad Valenciana no solo han situado a estas comunidades autónomas ante un grave problema de caja sino que les condenaban a ajustes mucho más importantes que los inicialmente previstos. Hacienda, que ha buscado durante días sin éxito el cauce jurídico para actualizar las entregas a cuenta de las CCAA sin saltarse el marco legal, ha optado finalmente por centrarse en resolver el problema más acuciante: el de estas dos comunidades autónomas.
Y la solución que ha encontrado pasa por una suerte de 'créditos blandos' para garantizar la liquidez que necesitan tanto la Región de Murcia como la Comunidad Valenciana. Con las manos atadas para mejorar los pagos a cuenta, Hacienda se comprometió ayer con la Comunidad Valenciana -en un acuerdo que hará extensible a la Región de Murcia- a blindar su tesorería por dos vías: en primer lugar, anticipando el pago del llamado 'extra FLA', los remanentes que quedan del Fondo de Liquidez Autonómica a final de ejercicio y que se distribuyen a final de año entre las comunidades autónomas más necesitadas, a este mes de octubre; y en segundo lugar permitiendo a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de la Región de Murcia acudir a los mecanismos ordinarios de liquidez habilitados por el Estado -sin especificar cuáles- para conseguir por esa vía los fondos que les correspondería recibir de la actualización de los anticipos a cuenta y que permanecen bloqueados.
La parte positiva para las comunidades autónomas afectadas es que de este modo se garantizan la caja que necesitaban para llegar a final de año, a la espera de que la futura constitución de un Gobierno les permita recuperar los fondos retenidos. La parte negativa es que recurrir tanto al FLA como a cualquier otro mecanismo de liquidez tiene un coste para sus arcas. Es decir, que ese anticipo de tesorería no les saldrá gratis.
Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Hacienda, el tipo de interés al cual se prestan los recursos del FLA a la Comunidad Valenciana es del 0,840%; y del 0,841% en el caso de la Región de Murcia. Fuentes de la Generalitat Valenciana admitían después de la reunión con Hacienda que el Ejecutivo regional tendrá que afrontar un coste por la solución de liquidez planteada por el Ministerio de Hacienda "como ocurre siempre que se recibe financiación de estos mecanismos".
A cambio de esta financiación, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ya se ha comprometido a presentar el Plan de Ajuste que exige la normativa vigente para poder liberar los fondos previstos en el FLA. El Gobierno valenciano asegura que esos ajustes no implicarán recortes extra en partidas presupuestarias sino que se absorberán con capítulos cuya ejecución ya hacía prever que no se gastarían en su totalidad.
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