Jueves, 14.11.2019 - 17:00 h
Respalda los informes de la Guardia Civil

Montoro da por bueno que el desvío de fondos en el procés fue de 1,6 millones

Dice que pese al "control absoluto" de las cuentas catalanas, técnicos del Ministerio colaboraron en las pesquisas ante las sospechas de malversación.

Cristóbal Montoro, juicio del procés, Tribunal Supremo
Cristóbal Montoro durante su intervención en el juicio del procés/EFE

Si Mariano Rajoy ha apuntado en su declaración que el Ministerio de Hacienda recurrió a la Justicia para que investigara el 1-O, el que fuera responsable de esta cartera, Cristóbal Montoro, ha corroborado esta versión e incluso ha añadido que de las nueves denuncias presentadas, cuatro fueron a la Fiscalía General del Estado y tres a la del Tribunal de Cuentas. Con todo, ha dado por válidas en su declaración ante el Tribunal Supremo las conclusiones alcanzadas por la Guardia Civil en un informe de abril de 2018 entregado al Tribunal Supremo acerca de que se desviaron 1,6 millones de euros para financiar el procés.

"La Guardia Civil dice que la Generalitat abonó 1.605.039 euros como pagos a promoción del referéndum. ¿Coincide esa cantidad con la de los técnicos de Hacienda?", le ha preguntado el abogado de la acusación popular que  Vox Pedro Fernández, a lo que Montoro ha respondido de manera afirmativa. Es más, ha asegurado que dichos informes así como los elaborados por el Ministerio Público han contado con el asesoramiento del personal "muy cualificado" del Ministerio. No obstante, ha dicho que no tenía conocimiento concreto de dichos documentos y ha pedido que se diferencie entre las investigaciones judiciales a la Generalitat y el control presupuestario que se estableció desde Hacienda.

Sobre este segundo asunto, Montoro ha aclarado que se promovieron tres grados de control a las cuentas de la Generalitat tras las elecciones al Parlamento catalán en noviembre de 2015 en las que ganó la coalición de JxCat liderada entonces por Artur Mas. Este primer "control de legalidad" consistió en obligar al Govern a informar mensualmente sobre la ejecución de sus presupuestos si bien, ya en julio, se mutó a un "control de pagos" semanal ante el creciente temor de que se hubiera utilizado la partida presupuestaria dedicada a eventos electorales en el presupuesto de la Generalitat.

El extitular de Hacienda, que estaba citado a las 12.00 horas pero finalmente ha comparecido después del expresidente del Gobierno, ha resaltado la peculiaridad de este "absoluto control" nunca antes implantado en España y ha destacado además que el Tribunal Supremo

avaló la intervención de las cuentas de Cataluña el pasado año. Al respecto, ha señalado que se trató de una resolución "muy importante" en tanto sentaba el precedente de que el Ejecutivo central pueda intervenir "cualquier administración ante la duda de que se esté produciendo alguna actuación ilegal". 

Montoro también ha confirmado el extremo manifestado por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría acerca de que se reunió en 2016 con Oriol Junqueras, para tratar la "dramática" situación financiera de Cataluña y ha recordado además que, como reacción a las medidas aprobadas en el Parlament a principios de septiembre y a la carta que envió Junqueras a Hacienda en la que anunció que dejarían de justificar los gastos, decidieron endurecer todavía más el control sobre las partidas de Cataluña.

Destaca "motivos claros de prevaricación" en el 1-O

El exministro ha asegurado que intentó transmitir a la opinión pública que no podían sacar adelante la consulta porque"toda la Generalitat estaba intervenida". No obstante, ha apuntado que la actuación de los funcionarios en esa jornada conllevó la utilización de recursos públicos para un fin "declarado ilegal judicialmente" y, por tanto, se trata de unos hechos de los que se traduce un "motivo claro de prevaricación". "¿Detectaron indicios de que se produjeron irregularidades?" le ha preguntado el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza. "Exacto", ha respondido Montoro.

Aunque no ha especificado las partidas concretas de las que sospechó un presunto desvío de fondos, sí ha sacado a colación denuncias de su Ministerio sobre hechos concretos relativos a actividades del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), de la publicidad institucional y en líneas generales de los resultados de los costes del 1 de octubre. Precisamente, la sede de este organismo ha sido objeto de diferentes registros por los investigadores por presuntos pagos a observadores internacionales para el 1-O. Igualmente, las pesquisas tanto en la causa que ahora se juzga en el Tribunal Supremo como las que todavía se siguen en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona también pusieron el foco en las partidas destinadas por el ejecutivo de Carles Puigdemont a publicidad y que podrían superar los 2 millones de euros.

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