Montoro niega que la ley de administración local perjudique o privatice los servicios públicos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, rechazó hoy que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se aprobará esta tarde en el Senado, suponga un menoscabo o una privatización de los servicios públicos municipales.
Montoro describió la norma como “una de las leyes más ambiciosas e innovadoras” del Gobierno, y aunque admitió que hasta ahora su predecesora, la Ley de Bases de Régimen Local, “ha funcionado correctamente”, denunció que “ha dado lugar a ciertas disfuncionalidades y concurrencia competencial”, y a que los ayuntamientos presten servicios para los que no tienen título ni recursos.
Presentó la “muy lenta gestación” de la ley, que se inició en febrero de 2012, como muestra de la voluntad de consenso del Gobierno, que aseguró ha incluido la “sensibilidad de todos” además de tener un “total respeto a la autonomía local”.
Defendió que la norma, al distinguir servicios municipales obligatorios de no obligatorios, garantiza la prestación de los básicos en igualdad de condiciones a los ciudadanos de todas partes de España, pero a la vez no impide que los ayuntamientos desempeñen otros si lo creen necesario, siempre que supongan un gasto para el que el Consistorio tenga suficientes ingresos para prestarlos.
En este sentido, el ministro argumentó que la ley no privatiza los servicios públicos, sino que promueve esas iniciativas públicas siempre que no incurran en déficit, y que además insufla la transparencia y la obligación de que los gobiernos municipales tengan obligación de rendir cuentas ante los plenos y los ciudadanos.
Montoro defendió también que se separen las funciones ejecutivas de los políticos de la gestión técnica de los funcionarios, y aseguró que no se eliminan ayuntamientos, sino que sólo se fomenta su fusión voluntaria si es más eficiente económicamente, y distingue las competencias de cada administración, autonómica o local, para garantizar su prestación.
Seguidamente, los grupos parlamentarios expusieron los siete vetos (todos menos el PP) presentados a la norma, a los que se añaden 447 enmiendas parciales: 151 del Grupo Mixto, 117 de la Entesa Catalana de Progres, 58 de CiU, 47 del PSOE, 27 del PP, 21 del PNV y 26 de senadores autonómicos.
Las principales críticas fueron por la supuesta conculcación de las competencias de las comunidades autónomas y la dilución de su identidad en favor de las diputaciones y los municipios.