Montoro se reúne mañana con los consejeros del PP para estudiar los recortes

Madrid, 10 ene.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá mañana con los consejeros económicos de las comunidades gobernadas por el PP para analizar sus planes de ajuste y la futura ley de estabilidad presupuestaria, que fijará techos de gasto y deuda y penalizará a quienes no los cumpla.

La reunión, en la que participará también la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, es previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana, donde los gobiernos de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla tendrán ocasión de debatir los principios de la ley orgánica que desarrollará la reforma constitucional aprobada el año pasado.

El objetivo, según subrayó ayer Montoro, es que todas las administraciones se comprometan con el objetivo de corrección del déficit público.

Según los cálculos del Ejecutivo, las autonomías son responsables de la mayor parte de la desviación del déficit de 2011, que cerrará en torno al 8 por ciento del PIB, dos puntos por encima de la previsión y del compromiso adquirido con Bruselas.

Sobre la mesa de la reunión estará también el cierre de alrededor de 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas.

Las propias comunidades acordaron en 2010 eliminar 515 entidades públicas, pero, según los datos aportados por el Gobierno, sólo se han suprimido 69.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló la semana pasada que la ley de estabilidad presupuestaria fijaría también "controles a priori" de los presupuestos autonómicos, una propuesta que fue rechazada de forma expresa por Cataluña, el País Vasco o Canarias al recordar el principio de autonomía financiera.

Los consejeros de las once comunidades lideradas por el PP llegarán a Madrid con las diferentes recetas que han diseñado para rebajar su déficit público y cumplir con el objetivo de no superar el 1,3 por ciento de su PIB regional.

Mientras el Gobierno valenciano acordó el pasado 5 de enero crear dos nuevos tramos en la escala autonómica del IRPF para las rentas más elevadas con el objetivo de aumentar los ingresos, el Ejecutivo madrileño anunció que estudia lo contrario: rebajar el tramo autonómico de ese impuesto.

Según ha explicado hoy el consejero de Economía y Hacienda de esta comunidad, Percival Manglano, Madrid tendrá ocasión de reiterar mañana su "compromiso acreditado" con la estabilidad presupuestaria y el control del déficit.

La Xunta considera en cambio "una improvisación" proponer ahora cualquier tipo de rebaja de impuestos en el tramo autonómico cuando aún no se conocen las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo ni sus presupuestos para este año, según ha advertido hoy el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

El consejero gallego acudirá a la reunión con Montoro a "escuchar las propuestas", ha explicado Núñez Feijóo, antes de subrayar que la Xunta seguirá reclamando un aplazamiento del pago de la deuda con el Estado por los adelantos del sistema de financiación y desea conocer "qué instrumentos va a poner el ministerio en manos de las comunidades para cumplir el déficit público".

En nombre de Aragón, el consejero de Hacienda, José Luis Saz, "hará valer" el esfuerzo que ya ha hecho esta comunidad, que a su juicio "ya lleva mucho adelantado", porque ya está trabajando en un plan de reestructuración del sector público empresarial.

Ante la reunión de mañana, el Gobierno cántabro se ha pronunciado en contra de aplicar una subida de impuestos y, a la espera de conocer las propuestas del Estado, es partidario de actuar con "criterios de austeridad" y de "detraer recursos de cuestiones que no afecten a las políticas sociales", tal como ha precisado su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas.

Castilla y León acudirá por su parte con el respaldo de las iniciativas que ha anunciado recientemente para aumentar los ingresos autonómicos, entre ellas el "céntimo sanitario" -con el que espera recaudar 140 millones de euros al año- y la creación de dos impuestos vinculados a la protección del medio ambiente.