Martes, 15.10.2019 - 02:05 h
Tras su implicación en la caja 'b' del PP

Monzón se desmarca de los imputados de Indra durante dos horas de declaración

Insiste en que los sistemas de control funcionaron y deja solos a los directivos implicados en el pago de facturas a empresarios vinculados al PP.

javier monzón
Javier Monzón y su letrado a las puertas de la Audiencia Nacional. / EFE

Dos horas tardó Javier Monzón en responder a todas y cada una de las preguntas que se le formularon en su comparecencia por el caso Púnica. De su intervención en este capítulo de la trama que ya toca a su fin se desprende que el expresidente de Indra dispone de argumentos para desvincularse por completo de los posibles pagos que salieron desde la firma y que la UCO atribuye directamente al exdirector de operaciones Santiago Roura

En esta línea, la insistencia de Javier Monzón en la Audiencia Nacional acerca de que los sistemas de control interno de Indra son a todas luces solventes, no solo protege su gestión sino que, de paso, allana el camino al representante legal de la compañía que rendirá cuentas ante el juez del caso Púnica por los presuntos lazos con una financiación opaca del PP madrileño. Su empeño por demostrar que el desvío de fondos desde Indra es, a todas luces inviable, alivia a la compañía cuya comparecencia judicial estaba prevista para este viernes pero se suspendió 'sine die'. 

Esto es así porque el principal escollo que tendrá que superar la compañía en la Audiencia Nacional no está relacionado con los pagos que salieron de la consultora a empresarios vinculados a la caja 'b' del PP sino con la existencia de un mecanismo de supervisión lo suficientemente eficaz como para demostrar que no se le pueden atribuir las duras acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Desde que arrancó la causa en 2014, el Ministerio Fiscal se ha referido en muchas ocasiones a Indra como una de las empresas que el PP de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados utilizaron para desviar dinero público a empresarios afines al partido que previamente habían financiado las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Los nombres clave de la Fiscalía

Una vez aclarada su función como presidente, la fiscal Anticorrupción que capitaneó el interrogatorio, Carmen García, fue directa al grano y le preguntó por los nombres clave en esta novena pieza del macroprocedimiento. De este modo, se interesó especialmente en conocer su relación con los expresidentes madrileños además de Francisco Granados y los exconsejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria. Monzón fue tajante al negar cualquier vínculo personal con ellos y dijo que solo conocía a los exlíderes del PP regional por haber coincidido en actos oficiales tales como la celebración en la sede de Sol del día de la Comunidad de Madrid. 

Mismo escenario se planteó cuando se le preguntó por directivos y gerentes de la compañía encargada de los procesos electorales. La fiscal enumeró una batería de cargos de los cuáles la mayoría desconocía. De todos los nombres que sacó a relucir destaca el de Diego Mora. El que fuera director de sistemas fue junto con Roura y la exgerente Cristina Bombín fue la persona que ejecutó las decisiones que tomaron sus superiores. Todos ellos estaban relacionados con la entrega de dinero en efectivo a quienes se les indicaba desde el PP, la adjudicación de contratos de cobertura o el pago de facturas a empresas de confianza de la formación que recogían trabajos que, en algunos, casos, ni se llegaron a realizar. No obstante, el papel de Mora pudo ser crucial puesto que, además, ejerció como concejal del PP en Villanueva de la Cañada. 

200 empleados al frente del control 

Frente a esta versión, el presidente no ejecutivo de Indra detalló con pelos y señales que durante su etapa en la presidencia de la consultora existía un sistema de gestión de riesgos y cumplimiento que iba incluso más allá de los requerimientos legales aplicables. Hasta dijo que 200 personas trabajaban a tiempo completo dedicados exclusivamente a estas funciones. Aunque la baza principal de su interrogatorio la apuntó al negar categóricamente el sustento principal de la acusación; esto es: no se pudieron efectuar pagos en efectivo porque la normativa interna no lo permitía. 

Sobre este punto concreto dijo que todos los abonos efectuados desde Indra se hacían mediante transferencia. Ni cheques, ni dinero en efectivo. Tan solo existía lo que denominó como 'caja chica', en la que se guardaban cuantías en efectivo para pagos ordinarios tales como el uso de taxis o el pago de mensajería. Con todo, Monzón no puso la mano en el fuego por los directivos señalados en la red y dijo que si Anticorrupción mantiene la sospecha de que se burlaron los controles, demande a Indra las normas de procedimiento en cada una de las actuaciones. A estas se tendrá que referir el representante de la compañía en su próxima declaración ante el magistrado Manuel García Castellón, el cual argumentó en su auto de imputación que Indra "nunca activó protocolo alguno" dirigido a evitar estos hechos que le atribuye.

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