Mossos responden al manifiesto de jueces que se condenó sus compañeros con un testimonio pagado

El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC), uno de los más numerosos entre los Mossos d’Esquadra, destacó hoy que un testimonio pagado fue el que propició que cuatro agentes de este cuerpo fueran condenados en 2009 por delitos de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal.
David José, secretario general del SPC, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, que este jueves se difundiese un manifiesto en el que 200 jueces rechazan que el Gobierno decidiese en febrero indultar parcialmente a estos cuatro mossos.
A este respecto, este responsable del SPC destacó que, tras dictarse sentencia en este caso, se difundió un vídeo en los medios de comunicación, en el que se muestra cómo una mujer que testificó contra los mossos cobra 500 euros por declarar contra estos agentes.
“Toda la sentencia se apuntalaba sobre la declaración de esta persona”, aseguró David José, quien añadió que los magistrados descartaron otros testimonios que “no estaba demostrado que cobraran nada”.
“De cinco testigos, cuatro se destacaron y la sentencia se apuntala sobre el testimonio de esta mujer”, señaló este portavoz policial, quien añadió que este dato “hace el caso un poco diferente al resto”.
“Acatamos todas las sentencias, pero este caso lo consideramos diferente”, señaló este representante del SPC, quien remarcó que “la culpabilidad de los agentes quedaba en entredicho en el momento en el que aparece esta información en los medios de comunicación”, en referencia a que la testigo de cargo cobró por su declaración.
En este sentido, el Consejo de Ministros decidió en febrero pasado indultar a los cinco mossos d'esquadra que en el año 2009 fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión e inhabilitación por delitos de tortura, maltrato, lesiones y detención ilegal, han informado fuentes próximas al caso.
El Ejecutivo tuvo en cuenta el currículum de los cinco mossos, la gran cantidad de apoyos y adhesiones al indulto y la existencia de una petición de indulto por parte de los propios afectado para conmutarles las penas por otras que les permitirán no ingresar en la cárcel y volver a ejercer de funcionarios públicos.