El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, responsable de la instrucción de la causa de los preparativos del referéndum del 1-O, ha fallecido en Barcelona a los 71 años, después de una larga enfermedad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
La muerte de Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se produce en plena instrucción de la causa, con unos 40 imputados por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Fue Ramírez Sunyer quien ordenó el registro el 20 de septiembre de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la de Economía.
Su investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.
El pasado 31 de octubre cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidía reforzar de nuevo y de forma integral el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encargado de la causa que se sigue por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos de la consulta de independencia.
Según explicaba el CGPJ en un comunicado, el titular de ese juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se ocuparía en exclusiva de la instrucción de esa causa y el titular del juzgado de instrucción número 13 de Terrassa, Sergi Gustau Casares Zayas, dejaba temporalmente ese destino para incorporarse de forma plena al juzgado de Barcelona. En él se ocupará de todos los asuntos salvo de la instrucción que llevaba Ramírez Sunyer.
Esta medida se había acordado hasta el 31 de diciembre, aunque podía extenderse, y dejaba sin efecto el refuerzo que la misma Comisión Permanente había prorrogado el pasado 19 de octubre.
De juez condecorado por el Govern a azote del referéndum
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer había sido erigido por el independentismo en su bestia negra por ordenar la detención de cargos del Govern claves en los preparativos del 1-O, aunque la Generalitat le había condecorado en 2016.
Ingeniero sin afiliación a ninguna asociación judicial, se enroló en la carrera judicial cuanto tenía 44 años, tras aprobar las oposiciones, y fue juez en Terrassa, Sant Boi y Badalona (Barcelona) hasta recalar en 2013 en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Habría podido ejercer hasta cumplir los 72 años ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le había permitido retrasar su jubilación.
Ramírez Sunyer, que durante años había pasado desapercibido para la prensa y al que los abogados que lo habían tratado tildan de discreto, saltó a las portadas de los medios en noviembre de 2017 por lanzar la operación que desplegó entonces la Guardia Civil contra altos cargos del Govern responsables de los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
El juez que ahora algunos veían como azote del independentismo -el mostrador de su juzgado en la Ciudad de la Justicia amaneció con decenas de claveles tras ordenar las detenciones- había investigado hasta el último día los preparativos del referéndum.
En febrero de 2017 y por orden de reparto había asumido una denuncia contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal por afirmar que el Govern tenía "camuflada" una partida de 400 millones de euros para organizar la consulta. Menos de un año antes, en abril de 2016, Ramírez Sunyer recibía una de las condecoraciones que los Mossos d'Esquadra conceden con motivo del Dia de les Esquadres y que suelen distinguir a jueces y fiscales que hayan destacado por alguna operación policial relevante.
Y eso que en 2015 había admitido a trámite una querella que una asociación había presentado contra el entonces director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, por no impedir una pitada al himno nacional en el Camp Nou, denuncia que también se dirigía contra el expresidente catalán Artur Mas y que acabó archivando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando le llegó a las manos.
Por otras de sus resoluciones, Ramírez Sunyer estuvo en el punto de mira de los grupos antisistema y los movimientos sociales, especialmente cuando en mayo de 2014 dictó prisión provisional para un 'casteller' detenido por los incidentes del inmueble ocupado de Can Vies que, meses después, acabó siendo absuelto.
También en octubre de 2005, el juez envió a prisión a dos jóvenes acusados de haber atacado con cócteles molotov una comisaría del barrio barcelonés de Sants y que, como en el caso del 'casteller' de Can Vies, acabaron siendo absueltos, pese a lo cual provocó protestas entre sectores antisistema. De hecho, un grupo anarquista autodenominado 'Las Brigadas de la Cólera' reivindicó en 2006 el envió de una carta bomba dirigida a Ramírez Sunyer, que fue desactivada por los Mossos d'Esquadra en la oficina de Correos.
La Audiencia de Barcelona rechazó en diciembre de 2017 recusar a Ramírez Sunyer al frente de la investigación del 1-O, que había planteado Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia cuando la Conselleria estaba ocupada por el exconseller Oriol Junqueras, actualmente en prisión preventiva. El magistrado se encontraba entonces de baja médica, ya que el 11 de diciembre había sido ingresado en un hospital de Barcelona por una grave dolencia.
Un mes después, en enero pasado, el juez Ramírez Sunyer se reincorporó al Juzgado de Instrucción número de 13 de Barcelona y volvió a dirigir las la investigación sobre los preparativos del referéndum al fracasar las recusaciones de las defensas contra él.
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