Jesús Cardenal, el exfiscal general del Estado ha fallecido hoy a la edad de 88 años en Madrid, según informado la Fiscalía General del Estado. Cardenal, quien estuvo a cargo del Ministerio Fiscal durante siete años (1997-2004), también fue fiscal de la Audiencia Provincial de Bilbao, ciudad en la que permaneció 37 años y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tras su jubilación, Cardenal se dedicó al ejercicio de la abogacía tras su jubilación.
En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado ha mostrado sus condolencias y ha recordado la trayectoria del Cardenal. "La Fiscalía General desea transmitir su más sentido pésame a la familia por esta pérdida en nombre de todo el Ministerio Público, al que dedicó toda su carrera profesional durante más de cuarenta años", señala la institución. Cardenal dirigió el Ministerio Fiscal desde mayo de 1997 hasta abril de 2004, durante los gobiernos presididos por José María Aznar.
Antes de llegar al cargo, Cardenal fue fiscal de la Audiencia Provincial de Vizcaya y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Desde la Fiscalía General del Estado defendió en 1998 oponerse a la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet formulada por el juez Baltasar Garzón y en 2002 interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna.
Nacido en Pesquera de Duero (Valladolid) el 20 de febrero de 1930, Cardenal cursó estudios religiosos antes de realizar la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid y después se doctoró en la Universidad de Navarra. Ingresó en la carrera fiscal en 1958 y dos años después comenzó a trabajar en la entonces Audiencia Provincial de Bilbao, donde permaneció durante 37 años.
Durante su última etapa en el País Vasco tramitó, casi siempre a instancias del fiscal general del Estado, numerosas querellas contra miembros de Herri Batasuna y dirigentes de la coordinadora abertzale KAS por amenazas o injurias a periodistas, policías y jueces. Fue nombrado fiscal general del Estado el 19 mayo 1997 y, en el informe preceptivo previo a su designación, el Consejo General del Poder Judicial lo calificaba de "jurista de prestigio", pero expresaba también su preocupación por las "manifestaciones" hechas por el candidato no acordes con la Constitución.
En aquel informe, aprobado por unanimidad, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, en la que Cardenal criticó el "clima de pluralismo" existente en España y "la mediocridad ética de nuestra sociedad". Se había mostrado, además, contrario al divorcio, al aborto, el reconocimiento de las parejas homosexuales y "la protección oficial a la difusión de anticonceptivos".
Poco después de llegar a la Fiscalía General del Estado protagonizó una de las primeras decisiones polémicas de su mandato, al proponer a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional con la opinión en contra del Consejo Fiscal. Tras la detención de Augusto Pinochet en el Reino Unido, afirmó en noviembre de 1998 tener la "absoluta" tranquilidad de que la Fiscalía actuó "con arreglo a derecho" al informar contra la petición de extradición del general formulada por Garzón.
En 1999 testificó ante el Tribunal Supremo que el juez Javier Gómez de Liaño, procesado por su actuación en el caso Sogecable, no había prevaricado durante la instrucción del sumario. En base a la Ley de Partidos y como máximo representante de la Fiscalía, interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna en octubre de 2002.
Incompatibilidad con otros cargos
En 1984 accedió a la condición de profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas del País Vasco, al superar las pruebas de idoneidad que se establecieron al respecto y estuvo impartiendo clases hasta 1989, pasando posteriormente a la situación de excedencia por razón de incompatibilidad con el cargo de fiscal.
Por otro lado, durante los años 1977 a 1987, de conformidad con la legislación entonces vigente, simultaneó el cargo de fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao con la de juez unipersonal de menores en la misma ciudad, actividad en la que cesó por incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Tras su jubilación se dedicó al ejercicio de la abogacía.
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