"Ya fuimos notificados de la muerte de esta persona en un centro asistencial, pero estaba bajo la custodia de la policía del Sistema Penitenciario", dijo a la AFP el vocero de esa entidad estatal, Rudy Esquivel.
El portavoz comentó que López Fuentes permanecía en el Centro Médico Militar de la capital desde el 27 de junio de 2011 debido a graves quebrantos de salud por su edad avanzada. El militar había sido detenido nueve días antes por orden de un juez.
El fallecido había sido acusado por la Fiscalía por genocidio y delitos de lesa humanidad, en un caso donde también están vinculados Ríos Montt, de 89 años y quien gobernó con mano de hierro entre 1982-1983, y su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez.
Según la acusación, durante el gobierno de facto Ríos Montt se diseñaron y ejecutaron tres planes militares contrainsurgentes en los que fueron asesinados 1.771 indígenas mayas ixilite en el departamento de Quiché, norte del país.
La acusación sostenía que los planes militares tenían como fin eliminar a indígenas en el llamado triángulo Ixil debido a su apoyo a la exguerrilla.
El 6 de julio de 2012 un perito en psiquiatría forense del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicó exámenes a López Fuentes y concluyó que estaba limitado para enfrentar un juicio oral y público.
El pasado 8 de octubre, una sala de apelaciones rechazó un recurso de la defensa de Ríos Montt con que buscaba acogerse a una ley de amnistía.
El exdictador, diagnosticado con demencia, se ha librado del juicio ordinario por genocidio y en su lugar enfrentará -ausente y representado por sus abogados- un proceso especial que, de encontrarlo culpable, no conlleva prisión.
El tribunal encargado del nuevo juicio decidió celebrarlo el 11 de enero de 2016 a puerta cerrada, sin prensa y sólo con la presencia de familiares de víctimas.
El proceso contra Ríos Montt se ha prolongado por casi cuatro años, debido a una serie de apelaciones y anulaciones promovidas por su defensa.
El 10 de mayo de 2013, tras varios meses de audiencias, un tribunal lo encontró culpable de genocidio y lo condenó a 80 años de prisión, pero la sentencia fue anulada diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad por errores procesales.
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