Muerte de Cano, Ley Víctimas y lucha anticorrupción cambian rumbo de Colombia

Esther Rebollo

Bogotá, 9 dic.- La muerte del máximo jefe de las FARC, "Alfonso Cano", la Ley de Víctimas y una cruzada anticorrupción y contra la ilegalidad sin precedentes, que tiene en prisión a varios colaboradores del expresidente Álvaro Uribe, cambiaron en 2011 el rumbo de Colombia tras casi 50 años de conflicto armado.

El presidente Juan Manuel Santos había iniciado su mandato el año anterior como discípulo de Uribe (2002-2010), para el que sirvió como ministro de Defensa, por lo que todo parecía indicar que el nuevo gobierno iba a ser a semejanza del anterior.

Pero la continuidad sólo vino del ala militar, que se tradujo en "el golpe más contundente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su historia", cuando el 4 de noviembre el Ejército mató a Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", el máximo dirigente de esa guerrilla.

Así lo reconoció Santos ese día, al reiterar que las puertas del diálogo estaban abiertas si las FARC abandonaban las armas y liberaban a los secuestrados.

Tras el nombramiento de Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko", como sucesor de "Cano", los analistas coincidieron en que si bien se había dado un golpe clave a las FARC, un diálogo de paz no se ve posible a corto plazo porque para ello hacen falta "gestos" tanto del Gobierno como de la guerrilla.

Aún así, la muerte de "Alfonso Cano" puso de manifiesto que el Secretariado Mayor de las FARC está gravemente herido, ya que en los últimos cuatro años han muerto cinco de sus miembros históricos, incluidos su fundador "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", por causas naturales", y su sucesor, "Alfonso Cano".

Ese golpe consolidó la popularidad de Santos por encima del 80%, ya convertido en paladín de la reconciliación, tras la firma, el 10 de junio, de una histórica Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Por esa Ley, el Gobierno promete indemnizar a cuatro millones de víctimas y restituir 2,2 millones de hectáreas usurpadas a los campesinos, tarea difícil porque los grupos armados siguen operando en las zonas del despojo, pero esperanzadora porque las víctimas fueron las protagonistas por primera vez en Colombia.

Y para reafirmarse en ese compromiso, Santos invitó a la rúbrica de la norma al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien remarcó en Bogotá que la Ley es un "paso fundamental" para la paz.

Si bien esa legislación marcó diferencias con Uribe, Santos se desligó definitivamente de su antecesor al avalar una cruzada anticorrupción y contra la ilegalidad que llevó a prisión, entre otros, al ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno y al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Arias fue encarcelado el 26 de julio por repartir, cuando era ministro, subsidios agrícolas entre hacendados y terratenientes, ayudas que debían haberse dirigido a campesinos afectados por los Tratados de Libre Comercio que Colombia había firmado o negociaba con otros países.

Cuatro días después, un juez dictó prisión contra Moreno por su participación en una trama de espionaje contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, que tiene encarcelados a varios ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Ese escándalo llegó hasta Panamá, cuyo Gobierno había concedido asilo a la exdirectora del DAS (central de inteligencia) María del Pilar Hurtado, quien sigue en ese país centroamericano con una orden de arresto por los mismos delitos.

En consecuencia, el 31 de octubre, Santos liquidó el DAS, desde donde se habían realizado los seguimientos y las escuchas ilegales, y que, según se demostró, tuvo vínculos criminales con paramilitares.

Tras un escándalo en la alcaldía de la capital, que sumió a Bogotá en el caos, el ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro ganó las elecciones a la Alcaldía el 30 de octubre, con un programa de contenido ecológico y social, en manos del Movimiento Progresistas.