Múgica pide "un gran consenso" sobre el agua, un bien de dominio público

  • Madrid.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido hoy a los políticos que busquen "un gran consenso" sobre el agua, porque "el agua no pertenece al territorio por donde pasa ni a sus habitantes", sino que es un bien "de dominio público" que debe ser gestionado y protegido por los poderes públicos.

Múgica pide "un gran consenso" sobre el agua, un bien de dominio público
Múgica pide "un gran consenso" sobre el agua, un bien de dominio público

Madrid.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido hoy a los políticos que busquen "un gran consenso" sobre el agua, porque "el agua no pertenece al territorio por donde pasa ni a sus habitantes", sino que es un bien "de dominio público" que debe ser gestionado y protegido por los poderes públicos.

Múgica ha hecho esta petición en su comparecencia en la Comisión Mixta (diputados y senadores) de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso en la que ha presentado el informe "Agua y Ordenación del Territorio", un texto motivado por casi 300 quejas, individuales y colectivas.

La mayoría de ellas fueron presentadas por ciudadanos afectados por problemas de suministro y saneamiento, por grupos de regantes acosados por la escasez de agua, por ecologistas preocupados por la contaminación fluvial y la sobreexplotación de los acuíferos, y por habitantes de urbanizaciones ilegales que no disponían del agua imprescindible para llevar una vida digna.

El informe "desaconseja" la habitual práctica española de construir urbanizaciones, campos de golf e invernaderos "sin que exista de antemano suficiente agua en el territorio sobre el que se asientan esos proyectos", con la "confianza" de que "después, el agua se obtendrá de alguna parte".

También constata "lamentablemente" que las administraciones a menudo toleran e incluso amparan las actividades contaminantes e infracciones urbanísticas que dañan la calidad del agua de los ríos.

Otra de las denuncias del informe de Múgica se refiere a la "engañosa oposición entre el desarrollo económico y la preservación ambiental", que no es "consecuencia" del proceso productivo, advierte el Defensor del Pueblo, sino que "forma parte de él".

En este sentido, el informe concluye que la recuperación de los recursos dañados debería incluirse en los costes de producción correspondientes porque la destrucción de bienes naturales y el vertido de residuos en las aguas fluviales son efectos que van aparejados al proceso productivo que deben ser considerados "asunto propio de quien los genera, no de quien los padece".

Por último, el informe reclama la "imprescindible coordinación normativa" entre la gestión hidrológica y urbanística para evitar problemas como las urbanizaciones ilegales, el suministro de agua a los núcleos de población, los vertidos y los planes de ahorro.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo, la senadora popular María Begoña Contreras ha subrayado que su grupo lleva años defendiendo que el agua no es propiedad del territorio por donde discurre, sino un bien común de todos los españoles.

En su opinión, "es una pena", pero en estos últimos seis años se podía haber llevado a cabo un Plan Global o un Plan Hidrológico Nacional como el del Partido Popular, que fue derogado por el Ejecutivo socialista y que planteaba soluciones para todas las cuestiones que recoge el informe: carencia de agua, explosión urbanística, vertidos o sobreexplotación de los acuíferos.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha dicho que su grupo es partidario de reforzar el papel autonómico en lo que se refiere a la gestión de cuencas intrarregionales, pero sin "devaluar ni desvirtuar el papel del Estado".

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