Madrid.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, concluye hoy su segundo mandato al frente de la institución, por lo que el Parlamento deberá iniciar los trámites para la renovación de este cargo, en el que Múgica se ha mostrado dispuesto a continuar otros cinco años más.
Mientras se produce el nombramiento, asume la dirección en funciones la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.
El último día de trabajo de Enrique Múgica va a ser en Filipinas, donde asiste, en representación de España, a los actos oficiales previstos para la toma de posesión del nuevo presidente filipino, Benigno Aquino.
En la presentación del último informe del Defensor en el Congreso y en el Senado, el pasado 22 de junio, Múgica hizo pública su disposición a continuar su mandato, aunque también destacó la importancia de que esta renovación se haga "dentro de los plazos".
"Tengo salud para seguir defendiendo los derechos de las personas, por lo tanto dependerá de que haya consenso entre los principales partidos", dijo.
Según Múgica, "ha sido un honor ser Defensor durante estos diez años", porque ha hecho de su vida "materia de defensa de los derechos humanos".
El Defensor deja su cargo dos días después de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre el Estatuto de Cataluña, que también había sido recurrido por esta institución.
El recurso, presentado el 19 de septiembre de 2006, se dirigía contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, en relación a: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional.
Uno de los artículos declarados inconstitucionales se refieren al Sindic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, al que el Estatuto le atribuía la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Generalitat, invadiendo así competencias del Defensor del Pueblo.
En los últimos años, las quejas presentadas por los ciudadanos han ido en aumento, lo que para Múgica demuestra la eficacia de esta institución y que cada vez es más respetada por las Administraciones Públicas.
Sin embargo, en las diversas comparecencias parlamentarias para dar cuenta de sus actuaciones como Defensor del Pueblo, algunos grupos -como CiU, PNV e IU- han insistido en la necesidad de reformar esta institución para adaptarla a los "nuevos tiempos" y a los cambios efectuados en materia de competencia autonómica.
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