La mujer de José Manuel Villarejo no quiere sentarse en el banquillo por los negocios del comisario jubilado. Gemma Alcalá ha trazado una línea con las labores de espionaje que gestionó el policía asegurando que la Audiencia Nacional actúa contra ella por ser su pareja "y nada más". Es por ello que ha recurrido su reciente procesamiento en la pieza número 2 del caso relacionada con un encargo que efectuó el despacho de abogados Herrero y Asociados al Grupo Cenyt. Al respecto ha asegurado que no cometió los delitos que le atribuyen indiciariamente los investigadores y que si su intervención puntual en este asunto haciéndose pasar por otra persona fue "fruto de una fantasía".
La segunda mujer del agente encubierto no escurre el bulto y reconoce en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que efectivamente intentó acercarse a una empleada del bufete al que iba a investigar Villarejo con el fin de ganarse su confianza y conseguir que se convirtiera en su confidente. Por ese motivo Alcalá, periodista de profesión, se presentó con la identidad falsa de 'Ana Arias' y le dijo que era una "headhunter" (cazatalentos). En vista de que su interlocutora, de nombre Elena, no estaba especialmente receptiva, cambió la estrategia y le sugirió encontrarse en persona para ofrecerle "una propuesta laboral".
Estos hechos, junto con su participación en las sociedades que gestiona el comisario jubilado, le valieron al magistrado al frente de este macroprocedimento, Manuel García Castellón, a incluirla en la lista de acusados en esta pieza segunda del caso de la que ya ha dictado auto de procedimiento abreviado. Con el cierre de la investigación, Alcalá queda más cerca del banquillo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. Sin embargo, su defensa ha recurrido este auto y ha pedido el archivo de las actuaciones en lo que a ella respecta asegurando que nada de lo que hizo puede entenderse como actividad delictiva.
Separación de bienes
De este modo, su abogado asegura que "no hay en todo el auto una sola referencia concreta" a la participación de Alcalá en el bautizado como 'proyecto Iron' y que además no participó ni en la obtención de información reservada ni tampoco en el pago de estos servicios. Los investigadores, por contra, sostienen que sí tuvo una "participación activa" en la gestión de este encargo que data de 2013. En concreto, aseguran que junto con otros acusados como el abogado Rafael Bonilla (socio de Villarejo) intentó obtener información del bufete Balder IP Law. Este era el objetivo del comisario después de que Herrero y Asociados le pidiera que les siguiera de cerca al considerar que le estaban haciendo competencia desleal.
Así, entre los mecanismos que desplegó Villarejo para obtener todo tipo de información confidencial del bufete, se incluyó la intervención de su mujer la cual intentó entonces acercarse a uno de los empleados de Balder y ganarse su confianza. Estos hechos, que los investigadores consideraron inicialmente constitutivos de "usurpación de identidad", no son delito, de acuerdo con su defensa letrada que asegura que la identidad de 'Ana Arias' no pertenece a nadie y que se trata de un nombre inventado. "La usurpación del estado civil no puede confundirse con la invención de un estado civil que no se tiene, creando un nombre supuesto y una filiación fruto de la fantasía, atribuido a personas inexistentes. Estas conductas hoy son atípicas", reza el recurso.
Su defensa asegura además que no se le puede imputar por ser administradora de varias sociedades del entramado que controlaba el comisario y por ello concluye que su procesamiento en esta pieza concreta se debe exclusivamente a la llamada telefónica en la que se hizo pasar por cazatalentos y a que es esposa del agente. "Nada más", recalca el escrito en el que se matiza que se casó con Villarejo en régimen de separación de bienes. Con todo, se trata de unos hechos por los que, si la Sala no corrige el criterio del instructor, Alcalá puede acabar sentándose en el banquillo por primera vez en la Audiencia Nacional.
Caso Nicolay
Estas no son las únicas cuentas pendientes que tiene con la Justicia. A su implicación en el caso Tándem se le suman también las diligencias abiertas en Plaza Castilla. La Fiscalía pide para ella 3 años de prisión al considerar que fue cómplice de la difusión de una grabación ilegal en la que participaron miembros del CNI y el exjefe policial Marcelino Martín-Blas. La magistrada instructora determinó que el encuentro, celebrado en 2014 y en el que se trató de una investigación abierta entonces sobre el pequeño Nicolás, fue grabado por el periodista Carlos Mier y difundido en el periódico Información Sensible que dirigía entonces Alcalá. En la actualidad está a la espera de que se dicte apertura de juicio oral después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldara el criterio de la instructora y acordara mantener su procesamiento en el marco del bautizado como caso Nicolay.
El avance de las diligencias que sigue la Audiencia Nacional sobre esta gran causa de espionaje ha puesto de manifiesto cómo Villarejo se valió de su esposa para gestionar gran parte de las empresas implicadas en la causa. De hecho, el material obrante en el sumario demuestra cómo Alcalá figuró de apoderada en algunas de las firmas que gestionó su marido y en las que desvió parte de las cuantías que amasó con sus encargos de espionaje. El comisario también se apoyó en dos de sus hijos -José Manuel y Laura Villarejo Gil- a los que puso al frente de sociedades como Microspermum (antigua Participaciones Marvila); Cenyt Consultoría Organizacional (antigua Central Criterios Creativos) o de Pierre SRL.
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