José Manuel Villarejo está en la calle pero su riesgo de fuga no disminuye. Así lo advierte la Fiscalía Anticorrupción en un escrito en el que, aunque apuestan por excarcelarle, dejan claro que el riesgo de una huida al extranjero del comisario jubilado sigue latente. Y, junto con este factor, destacan también la integración "cada vez más acreditada" de parte de su familia en este supuesta organización criminal dirigida, según mantiene la acusación, por el agente encubierto. En concreto, los investigadores señalan a uno de sus hijos así como a su segunda esposa, Gemma Alcalá, los cuales también serán juzgados en la primera gran vista oral que acoja la Audiencia Nacional por el caso Tándem el próximo mes de diciembre.
Sin embargo, su implicación en la trama no se ciñe a estos hechos. El pasado mes de octubre, agentes de la Unidad de Asuntos Internos la detuvieron (por segunda vez en la causa) y no quedó en libertad hasta que declaró ante el magistrado Manuel García Castellón. En este caso, los investigadores apuntaron a la existencia de una trama que el policía habría urdido desde prisión para la compraventa de documentos oficiales. Esta parte de la causa impulsó el tercer gran operativo de calado después de la detención del propio comisario y de los empresarios Pérez-Maura. Esta vez se detuvo a la segunda esposa del comisario y al abogado Alfonso Pazos, a quien el agente conoció durante su estancia en prisión y con quien habría trazado este plan.
Los agentes sospechan que Alcalá actuó al dictado de ambos aprovechando su situación de libertad y ofreció documentos relativos a la operación Cataluña o incluso relacionados con los encargos que llevó a cabo su marido desde el Grupo Cenyt con la finalidad de obtener liquidez. Se trata de unos hechos que se investigan en la pieza número 28; una de las últimas que se han ido abriendo en estos más de tres años de instrucción. Precisamente el nombre de Alcalá salió a relucir también meses antes por un episodio similar. El que lo pronunció fue Florentino Pérez, una de las 'víctimas' del comisario. Según explicó en su declaración ante el juez, le advirtieron que iba a ser víctima de un chantaje por parte de un medio de comunicación. El medio en cuestión le habría pedido un millón de euros a cambio de ocultar este material que habría llegado a la redacción a través de la propia Alcalá.
De periodista a cazatalentos
Además, también participó en otros trabajos del comisario que ahora juzgará la Audiencia Nacional. En concreto, en los proyectos Iron -sobre el encargo que hizo el despacho Herrero y Asociados para espiar a la competencia- y en la pieza Land, sobre su trabajo a parte de la familia de los García-Cereceda. En el primero de los casos Alcalá está implicada por hacerse pasar como cazatalentos. Su labor consistió en acercarse a una empleada del bufete al que iba a investigar Villarejo con el fin de ganarse su confianza y conseguir que se convirtiera en su confidente. Para ello se presentó con la identidad falsa de 'Ana Arias' y le dijo que era una "headhunter" (cazatalentos). Sobre este punto, la también periodista explicó al juez que no había cometido delito y que había sido "fruto de su fantasía".
La Fiscalía recuerda en su último escrito que José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario, también será juzgado por su implicación en la pieza Pintor. La misma suma un total de 14 procesados, entre los que se encuentran el marido de Ana Rosa, Juan Muñoz y su hermano. El juez implicó al hijo del policía en este caso concreto en el que el trabajo consistió en extorsionar al juez Javier de Urquía Peña con un vídeo de carácter sexual. El objetivo era presionar para que Mateo Martín Navarro (a quien el magistrado defendía en calidad de abogado) modificaran su estrategia procesal en un asunto pendiente de juicio por un delito contra la Hacienda Pública "con el fin de que la familia Muñoz resultara beneficiada".
Con todo, existen más ocasiones en las que la Policía ha implicado a la familia de Villarejo en esta macrocausa. Una de ellas ocurrió con motivo de la investigación del patrimonio que el comisario habría ocultado en el extranjero. El policía se valió de sus hijos mayores para ponerlos a nombres de firmas ubicadas en Panamá y Uruguay. Las comisiones rogatorias practicadas hasta la fecha permitieron detectar que Laura Villarejo fue beneficiaria de una serie de giros que constató el Banco Central de Uruguay En concreto, su hermano le envió a cuentas bancarias domiciliadas en España dos remesas en septiembre de 2012 y octubre de 2015 de 1.691 dólares (1559 euros).
