En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.
La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.
El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.
25 años de ayudas
Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.
El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno "está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado".
La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, "ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona".
La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.
Según recoge la norma "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", Industria constata que los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.
Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.
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