La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) está en pie de guerra. Ha celebrado una asamblea en Madrid para analizar los planes del Gobierno en materia de energía y clima y el apagón nuclear total anunciado en el horizonte de 2035. El resultado ha sido una crítica frontal a la acción del Ejecutivo y a la politización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A la asamblea asistieron la mitad del centenar de municipios afectados por los planes de cierre de centrales, encabezados por los ayuntamientos que albergan los siete reactores en funcionamiento.
Los contactos abiertos en los últimos meses entre los ayuntamientos y los ministerios implicados en la transición energética están paralizados. No hay contactos, admite el gerente de la asociación, Mariano Vila. AMAC se queja de falta de información, lo que tiene en vilo a las comarcas que albergan las nucleares. Según Vila, el Ejecutivo no ha concretado a los municipios qué instalaciones serán las primeras en cerrar; tampoco qué medidas va a aprobar para compensar las zonas afectadas por los cierres, más allá del anuncio sobre una transición justa.
La falta de información y lo que consideran una "politización" excesiva del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apuntan a un choque frontal a dos meses de las elecciones municipales de mayo. La pelea entre partidos registrada en el CSN en las últimas semanas no ha contribuido a calmar los ánimos. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso aprobó por mayoría (19 sí y 14 no) los cuatro candidatos propuestos por el Gobierno para renovar en marzo el organismo. Pero los votos no alcanzaron los 3/5 necesarios para la elección inmediata, por lo que el Gobierno tendrá que recurrir a la vía del decreto para imponer la renovación. El PP ha anunciado que, en ese caso, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Cierres y justificación
Polémicas políticas al margen, los ayuntamientos que albergan centrales nucleares creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.
Lo que flota en el aire es la inquietud por el reparto de ayudas a las zonas y actividades afectadas, lo que incluye no sólo al negocio nuclear, sino a la minería, la industria electrointensiva o el automóvil. Los planes adelantados por el Ministerio de Transición Ecológica contemplaban el reparto de 440 millones: 158 millones de euros a cinco años para minas, eficiencia y renovables; 134 millones de fondos mineros no utilizados para municipios afectados y otros 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de tres años.
Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte de forma abrupta. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno.
Renovables en vez de nucleares
Frente a esa reclamación, el Gobierno ofrece una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hace en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables.
El problema es que el anteproyecto, dada la convocatoria de elecciones, sólo es una declaración de intenciones. Y los ayuntamientos no se fían de las promesas. Por eso la cuestión nuclear -como la minera o la industrial- será una cuestión de peso en las convocatorias electorales de los próximos meses porque muchas zonas siguen dependiendo de las ayudas para su día a día.
La Orden de 2015 que regula las asignaciones a los municipios lo reconocía así: "Transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas, (los ayuntamientos) aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios